Fuentes de la defensa han explicado que en esta primera jornada de la vista oral -que se dedicará a la resolución de cuestiones previas- la Infanta estará acompaña de los letrados Miquel Roca, Pablo Molins y Jesús María Silva, aunque previsiblemente será este último quien intervenga desde el estrado y ejercerá 'de facto' la representación de Doña Cristina.
La Infanta está encausada al achacarle la acusación popular, Manos Limpias, un papel imprescindible para que su marido defraudase 337.138 euros en el IRPF de 2007 y 2008 a través de la empresa de la que los dos son propietarios, Aizoon, una de las mercantiles 'pantalla' del conglomerado supuestamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres para defraudar hasta 6,2 millones de euros públicos.
Manos Limpias pide para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de estos dos presuntos delitos fiscales, siendo la única acusación que apunta hacia la hermana del Rey, ya que la Fiscalía no ve indicios de que haya cometido delito alguno aunque sí presuntamente se aprovechó de los fondos supuestamente defraudados por su marido.
Los abogados de la Infanta han reivindicado su inocencia en varios escritos remitidos al juzgado su inocencia justificando que ella se limitaba a firmar "sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente" le pidió rubricar su marido, insistiendo en que ella estaba completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de Aizoon, de la que se encargaba su marido.
El juicio se celebrará en una sala especial habilitada en el edificio de la Escuela Balear de Administración Pública, en el Polígono Son Rossinyol de Palma, y está previsto que los dos primeros días de la vista se dediquen a resolver cuestiones previas.
De acuerdo al calendario establecido, el martes 9 de febrero comenzarán las declaraciones de los acusados, y el primero en ser interrogado será el exdirector general de Deportes del gobierno balear José Luis 'Pepote' Ballester, mientras que la Infanta será la última en hacerlo, siempre que el tribunal descarte aplicarle la 'doctrina Botín', pedida por su defensa, y sea finalmente juzgada.
El juicio del caso Nóos, que sienta en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin, dispondrá de uno de los dispositivos policiales más amplios que se recuerdan en Baleares -participarán más de 200 agentes- y en el que se ha habilitado una sala especial para la vista oral en el Polígono de Son Rossinyol y en el que la colaborará una Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia.
El operativo de seguridad
Las cifras de efectivos no han sido facilitadas de manera oficial por medidas de seguridad, pero según ha informado el jefe superior de Policía Nacional de Baleares, Antonio Jarabo, "será mayor" que cuando la Infanta vino a declarar en febrero de 2014 con motivo de este mismo caso y para el que se desplegaron unos 200 policías.
El operativo empezó la semana pasada con la realización de controles previos de seguridad ciudadana y durante el mismo participan, entre otros, guías caninos, unidades de seguridad ciudadana, el grupo de motos, unidades de reacción y la tercera Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia formada por unos 50 funcionarios.
Según ha explicado Jarabo este no será el operativo más complicado que hayan desarrollado ya que según ha informado "se han hecho cosas más grandes" en Baleares, como lo fue el juicio por el caso Kabul donde se juzgaron a más de 50 acusados en la mayor operación contra el narcotráfico en la Comunidad autónoma.
El jefe superior ha explicado que el lugar donde se celebra el juicio "es mejor" para desplegar las unidades ya que "es más abierto y no tiene alturas" como sí ocurre en los Juzgados de Vía Alemania donde la Infanta Cristina fue a declarar en febrero de 2014.
Además, Jarabo ha concretado que la seguridad de la Infanta corresponde al Cuerpo Nacional de Policía por lo que "se integrarán a su dispositivo y punto".
Asimismo, la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, ha avanzado que no se han desarrollado "medidas especiales para ninguno de los acusados" a excepción del exsecretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miguel Ángel Bonet, que permanece ingresado en prisión por el llamado caso Ibatur.
Palmer también ha querido recalcar la colaboración de la Policía Local de Palma que ayudará en "tareas de cortes en el tráfico y reserva de espacio" y la de la Seguridad Privada contratada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) "para controlar los accesos".
De esta manera, ha concretado que hay "un doble filtro de seguridad", uno en la planta baja y otro en el acceso a la sala de la audiencia" donde podrá haber 38 personas como público que "deberán someterse a todas las medidas de seguridad" como cacheos y escáneres.
Además, ha dicho que las "medidas de seguridad electrónicas en modo alguno van a afectar a comunicaciones" y por lo tanto y atendiendo, "al principio de publicidad" al que se somete esta vista oral, según ha precisado Jarabo, "se facilitará en todo momento el trabajo de medios".
Desde el CNP -ha incidido Palmer- se busca que "no haya incidentes ni dentro ni fuera del juicio, garantizar la seguridad de los asistentes y que el juicio se desarrolle con la "más absoluta normalidad y desde la independencia judicial".
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