La formación de Albert Rivera quiere que todos los partidos de ámbito nacional acaten al menos a la primera condición del pacto anti-corrupción firmado con el PP. Es decir, que Ciudadanos pedirá a PSOE y Unidos Podemos que se comprometan por escrito a separar a los cargos públicos imputados por delitos de corrupción. Pero además, si se materializa ese pacto nacional contra la corrupción, Ciudadanos propondrá que se amplie también a las instituciones municipales, autonómicas y provinciales. Lo que se mantiene, de momento, es el alcance de esta propuesta, que sólo se aplicaría en casos de enriquecimiento personal o financiación ilegal de partidos.
Ciudadanos quiere expandir el pacto anti-corrupción firmado con el PP para que comprometa a más partidos pero también a más ámbitos territoriales. La formación de Albert Rivera ha anunciado que pedirá esta ampliación en lo referido a la primera medida de las exigencias impuestas a los populares para negociar: la de separar los cargos públicos que estén imputados por delitos de corrupción política.
El objetivo del partido naranja es el de materializar un "Pacto Nacional contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática". La principal diferencia con lo propuesto hasta ahora es que se busca un compromiso para que los imputados por corrupción tengan que abandonar sus cargos públicos en todas las instituciones, incluyendo las municipales, autonómicas y provinciales; y no sólo el Gobierno y el Parlamento.
Para ello, Ciudadanos pedirá a todos los partidos de ámbito nacional -principalmente PSOE y Unidos Podemos- que aprueben en sus Ejecutivas esta condición.
Lo que no varía de momento son los límites que ha establecido Ciudadanos sobre lo que entienden por corrupción política. Según explicó este martes el vicesecretario general de la formación, José Manuel Villegas, entienden que este pacto afectaría sólo a imputados por delitos que impliquen un enriquecimiento personal o la financiación ilegal de un partido. Quedarían fuera casos de mala praxis, pero también delitos que impliquen el enriquecimiento de terceros.
Según Villegas, establecen estas limitaciones para que no afecte a los posibles errores que pudiera cometer un cargo público en su gestión. "No es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja", resumió el dirigente de Ciudadanos.
Según estos criterios, Ciudadanos no tendría problema con Oscar Clavell, diputado del PP procesado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude. Clavell está siendo investigado por la emisión irregular y el pago de más de 700.000 euros en facturas a una empresa de residuos durante su etapa como alcalde de Vall d'Uixó (Castellón).
Los delitos que se le imputan al diputado implicarían un presunto enriquecimiento de terceros, por lo que no entraría dentro de lo definido por el pacto anti-corrupción. Sin embargo, este martes la formación de Rivera aún no había tomado una decisión sobre el caso concreto de Clavell a la espera de recabar más información.
Por contra, si finalmente se imputa a Rita Barberá -actualmente senadora por el PP- dentro de la 'operación Taula', Ciudadanos sí podría exigir al PP que la aparte en base a lo firmado en el pacto anti-corrupción, ya que esta pieza también investiga supuestos indicios de financiación ilegal dentro del PP valenciano.
Ciudadanos espera profundizar y ampliar las medidas sobre regeneración política este miércoles en la mesa de negociación con el PP. Los dos partidos también deberán solventar sus diferencias sobre cuándo debe empezar a aplicarse este pacto, ya que Ciudadanos sotiene que esta medida concreta ya está en vigor, mientras que el PP, de momento, no contempla aplicarla hasta que no logren formar Gobierno.
Si (
No(
