El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a quien atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por su presunta participación en la trama Púnica de esta comunidad. Asimismo, atribuye a la senadora del PP Pilar Barreiro 5 conductas presuntamente delictivas.
El magistrado les acusa de destinar contratos públicos fraudulentos a las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los cerebros de la trama, que se encargaban de mejorar la reputación de ambos políticos en Internet y en las redes sociales. Velasco precisa que al tratarse de una senadora, cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo, y del presidente de la Región, que correspondería al Tribunal Superior de Justicia, debe recabarse el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia "su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada".
Además de contra Sánchez y Barreiro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el exconsejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.
Anticorrupción exime de delito a Sánchez
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Velasco que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo proponiendo imputar a Barreiro, pero exime de delito a Pedro Antonio Sánchez porque no llegó a contratar con la trama.
Anticorrupción, que cree que la línea entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal "es ciertamente tenue", entiende que la participación de Barreiro en los hechos "aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigado". Por el contrario, considera que la conducta de Pedro Antonio Sánchez merece "distinta valoración", al entender que "no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".
Tras conocer el auto del juez Velasco, Sánchez dijo en rueda de prensa que "no se puede demostrar lo que nunca existió". Sánchez advirtió que cuenta con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que no existió relación comercial entre la Consejería de Educación y Cultura, que él dirigía, y las empresas investigadas.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió que se respete la presunción de inocencia del presidente de Murcia y subrayó que su aparición en el sumario de la trama Púnica es por "un contrato que nunca se celebró". El diputado del PP Francisco Bernabé criticó al juez, que, señaló, "ha pasado de decir que alguien pensó" algo a "poner por escrito cosas que son inciertas".
Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, dijo que Sánchez "no debería seguir al frente". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, criticó que Sánchez no dimita, y añadió: "No puede ser que nos gobierne una banda de ladrones". Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que "si es llamado como investigado", Sánchez deberá dimitir, "porque así lo establece el acuerdo con Ciudadanos".
Precisamente, ABC destaca que "la causa contra el presidente de Murcia enfrenta de nuevo a PP y Ciudadanos". EL MUNDO pone el énfasis en que la trama Púnica "enfrenta al juez y al fiscal". Al respecto, LA RAZÓN subraya que "Anticorrupción se opone a investigar al presidente de Murcia". EL PAÍS señala que "el caso Púnica abre un nuevo frente judicial al presidente de Murcia". Para LA VANGUARDIA, "los casos de corrupción de Gürtel y Púnica cercan de nuevo al PP". EL PERIÓDICO personaliza, y dice que "el juez cerca al presidente de Murcia".
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