La Justicia investiga a embajadores por fraude

En la lista de quienes el juez Norberto Oyarbide requirió informes a la Cancillería argentina figuran los embajadores de Perú, Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Nigeria, Pakistán, Armenia, Marruecos, Bielorrusia y Rusia, de acuerdo con el dictámen del magistrado Oyarbide solicitó a la Cancillería corroborar las identidades y la condición laboral actual de estos diplomáticos involucrados en un presunto fraude en el uso de franquicias para ingresar vehículos al país libres de impuestos.

En la nómina judicial figuran con rango de embajador Martín Belaúnde Moreyra (Perú), Luis Maira (Chile), Arturo Liebers Valdivieso (Bolivia), Aramis Fuente Hernández (Cuba), José Rafael Serrano (Ecuador), Francisco Bustillo Bonasso y Alberto Volonté Berro (Uruguay), Anthony Sekudo (Nigeria), Mohammed Nisar y Ishtiaq Andraht (Pakistán), Ara Aivazian (Armenia), Larbi Reffouh (Marruecos), Vadin Lazerco (Bielorrusia) y Yury Korchagi (Rusia).

La lista también incluye otros nombres, entre ellos los cónsules Jaime Alejandro Castañeda, de Bolivia, y María Elvira Musetti, de Uruguay.

El fiscal del caso, Luis Comparatore, había solicitado al juez que pidiera a la Cancillería datos de estos diplomáticos, como también que librara una orden de incautación sobre los automóviles bajo sospecha, petición a la que el magistrado no dio lugar de momento.

Oyarbide solicitó además al Registro Nacional Automotor que informe las identidades de los actuales propietarios de los 98 vehículos investigados y de apoderados locales que pudieron tramitar la nacionalización de los mismos entre 2004 y 2007.

El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el propio canciller argentino, Jorge Taiana, que descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la Justicia el lunes pasado.

El martes, la Aduana también denunció ante otro magistrado presuntos casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles que involucran a unos 40 diplomáticos extranjeros.

Los diplomáticos deberán gestionar una autorización especial para poder sacar sus vehículos del país, dispuso además la Aduana con el aval del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

Al cabo de una auditoría, la Cancillería descubrió los presuntos ilícitos cometidos por un funcionario de la oficina encargada de las franquicias para la importación de automóviles destinados a diplomáticos.

En tanto, la Aduana presentó su denuncia para deslindar su responsabilidad en el ingreso libre de impuestos de los vehículos para diplomáticos, que es autorizado por la Cancillería como disponen normas internacionales en esa materia.

El precio de los automóviles ingresados bajo ese régimen resulta un 58 por ciento más barato debido a la exención de impuestos.

Las leyes argentinas, que castigan el contrabando con penas de dos a ocho años de prisión, establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.
También disponen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60.000 dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.

Las investigaciones involucran vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.