Situación actual en España:
El primer permiso de residencia y trabajo que obtiene el inmigrante es por 1 año. Cumplido éste, debe acreditar haber trabajado al menos seis meses y estar haciéndolo en el momento de solicitar la renovación. Dicha renovación, si se concede, abarca un período de 2 años. La siguiente renovación, que tiene similares requisitos, concede permiso por otros 2 años. Después de éstos el inmigrante puede pedir ya un permiso de residencia permanente, que cada 5 años se renueva con la mera presentación de una copia de la declaración de la renta.
La secuencia de permisos y renovaciones, por tanto, es: 1 año-2 años-2 años-permanente renovado cada 5 años.
En España, ahora, ninguna de esas renovaciones exige un compromiso expreso de integración.
Situación actual en Europa:
Francia tiene establecido un Contrato de Acogida e Integración que se tiene muy en cuenta en la concesión o denegación de permisos. La nueva Ley lo extiende incluso a los solicitantes del primer permiso.
El Estado se compromete a fomentar la formación linguística en francés, formación sobre la vida en Francia y sobre los valores de la sociedad francesa. El inmigrante se compromete a seguir los módulos propuestos de formación cívica y linguística, y a participar a las evaluaciones previstas.
Bélgica tiene un modelo bastante similar al francés.
Holanda impone un examen previo de integración, no sólo para los que llegan sino también para los ya residentes. El examen se refiere a conocimiento de la lengua y a las costumbres y valores holandeses. Quien no lo supera no puede acceder a un permiso.
En Reino Unido se puso en marcha a finales de 2005 el examen “Vida en el Reino Unido” obligatorio en los procesos de concesión de la nacionalidad británica. Debe acertar en un 75% de las respuestas. Se puede hacer cuantas veces se necesite hasta aprobar.
En marzo de 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia y España se reunieron en una cumbre informal para examinar la posibilidad de introducir un «contrato europeo de integración» o un «examen europeo» para los inmigrantes que desean convertirse en ciudadanos de un Estado miembro de la UE. Se acordó examinar la propuesta aunque algunos Estados ya lo aplicaban o lo estaban debatiendo internamente.
PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR:
Introducir un Contrato de Integración
¿Cuándo? En la primera renovación del permiso de residencia y trabajo. Es decir, cuando el inmigrante ya lleva un año con nosotros y manifiesta su intención de adquirir una estabilidad en la sociedad española.
¿A quiénes afectaría el contrato de integración? A todos los extranjeros, exceptuando los comunitarios (UE-27).
¿En qué consiste? Sería un documento formal, que plasmara el compromiso mutuo del inmigrante y de la sociedad española en favor de su integración.
¿Cuál sería su contenido? El inmigrante se comprometerá:
- cumplir las leyes españolas,
- respetar las costumbres de los españoles,
- aprender el castellano y, si lo desea, otra lengua cooficial,
- pagar sus impuestos y cotizaciones,
- trabajar activamente para integrarse entre los españoles, y
- retornar a su país si por espacio de un período de tiempo carece de empleo y de medios para sostenerse.
Como contrapartida, España se comprometerá en dicho contrato:
- concederle los mismos derechos y prestaciones que a un español,
- ayudarle en su integración,
- respetar sus creencias y costumbres particulares, mientras no sean contrarias a las leyes españolas,
- enseñarle el castellano y, si lo desea, la lengua cooficial del lugar donde resida,
- ayudarle y formarle para encontrar empleo durante un período de tiempo, y
- ayudarle a retornar si por un período de tiempo carece de empleo y de medios para sostenerse.
¿Cómo se garantizaría su cumplimiento? Si el incumplimiento se hace evidente, daría lugar a la no renovación del permiso de residencia.
¿Significa eso que se rechaza la diversidad cultural o los rasgos propios de cada inmigrante? En absoluto. De hecho, uno de los compromisos del contrato, por parte española, sería a respetar sus creencias y costumbres particulares, mientras no sean contrarias a las leyes españolas. Este respeto no es incompatible con el deseo de que todos conozcan la lengua española y que todos respeten los principios legales de España y los valores comunes en los que éstos se sustentan.
Si (
No(
