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Las asociaciones defensoras del paciente han ganado cerca de 50 sentencias en 2006

Hasta 6 millones en indemnizaciones por negligencias médicas en 2006

lunes 08 de enero de 2007, 15:21h
Las asociaciones que velan por la salud del paciente cada vez tienen más fuerza en Madrid. Tanto la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) y Asociación el Defensor del Paciente (Adepa) han ganado en 2006 cerca de 50 sentencia en los tribunales, según adelantó este lunes el diario El País, con las que han sumado más de 6 millones de euros en indemnizaciones. Zurich, aseguradora que cubre a la Comunidad de Madrid en materia de Sanidad, es la que asume el gasto según ha confirmado a MDO la presidenta de Avinesa, María Antonia Moral. "Estos datos demuestran que la Sanidad madrileña es la más denunciada de nuestro país y una de las que peor asistencia sanitaria ofrece a sus pacientes", denuncian desde la Asociación El Defensor del Paciente.

Adepa ha detallado este lunes las tres últimas sentencias ganadas contra la Comunidad de Madrid en relación a varios casos distintos que provocaron que una mujer se quedara sorda tras pasar años en listas de espera, que un hombre muriera por una mala praxis en el tratamiento de radioterapia o que un niño con epilepsia tuviera secuelas tras un tratamiento defectuoso e insuficiente, entre otros.

En el primer caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Servicio Madrileño de Madrid a abonar a Juana Victoria Cejalbo la cantidad de 18.000 euros como consecuencia de que mantuvo por un periodo de diez años a la paciente en una lista de espera para la realización de una cirugía plástica de tímpano. A juicio del Tribunal, existió un funcionamiento anormal de los servicios médicos pues no se le realizó la operación durante ese periodo, a pesar de los oportunos y reiterados diagnósticos sobre su necesidad. 

Por su parte, el TSJM también condenó a la Comunidad por la muerte de Valentín Treviño, de 71 años de edad, al considerar que existió mala praxis en el tratamiento de radioterapia. El paciente fue diagnosticado de un adenocarcinoma prostático, por lo que se le recomendó como tratamiento radioterapia. Treviño recibió 10 sesiones en el Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid, tras lo cual notó fuertes dolores acompañados de una importante pérdida de peso y apetito, pero se continuó con las sesiones. Tras detectar anemia y fibrinógeno elevado, el paciente falleció, y ello, aunque los familiares pidieron que se suspendiera el tratamiento. El certificado de defunción establece como causa de la muerte iletis por radiación. La indemnización asciende a más de 90.000 euros.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la consejería de Sanidad a abonar a la madre de un menor de edad la cantidad de 418.553 euros debido a que la atención prestada al niño por los servicios sanitarios públicos para tratarle la epilepsia fue defectuosa por insuficiente y tuvo que recurrir a una clínica privada, un retraso que le provocó secuelas. Según la Asociación El Defensor del Paciente, el menor padecía esclerosis tuberosa, un enfermedad caracterizada por tumores en diversas partes del cuerpo y epilepsia, y después de tres años de tratamiento en el Hospital 12 de Octubre y San Carlos de Madrid "no se consiguió mejorar la patología del niño y por el contrario, las crisis se repitieron con más frecuencia y de forma más agresiva, con el consiguiente deterioro neurológico".

Otro caso similar fue el producido en el 12 de Octubre, donde se recomendó a un paciente de 72 años a acudir a una clínica privada tras un accidente de tibia y peroné ocurrido en 2003. Al parecer, los médicos intervinieron primero con una escayola, y luego con una operación para combatir la necrosis en los tejidos de la pierna, "que los facultativos fueron retirando con gran dolor del paciente, que pide analgésico cuando no aguanta más". A continuación, siguiendo la versión de Adepa, el hospital intervino de nuevo al paciente, pero "vuelve a salir mal, se gangrena la pierna" y le recomendaron operarse por tercer vez en un centro privado "donde le informaron que le tratarían médicos que también son de la Seguridad Social" porque no disponían de quirófano en 15 días y "habría entonces que amputar la pierna". Una vez en la clínica privada, le operaron con éxito, salvándole la pierna, pero que le ocasionaron unos gastos que afrontó con la hipoteca de su casa.

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