Trillo intenta desmarcarse culpando a la cúpula militar

   Así consta en la declaración escrita que el ex ministro ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Fernando Grande Marlaska, que instruye la causa para determinar si existieron irregularidades en la contratación del Yakovlev-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), causando la muerte a 62 militares españoles.

   Trillo señala en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que en virtud del principio de "desconcentración" del Ministerio la contratación del avión correspondió al EMACON, que asumió "las competencias operativas y logísticas de la misión" en la que participaba el Yak-42, lo que incluía "los medios de transporte".

   También asegura desconocer las condiciones de contratación del aparato que el EMACON acordó con la agencia de la OTAN Namsa y, de igual modo, que ésta hubiera adjudicado el servicio a la compañía británica Chapman Freeborn. "Antes del accidente evidentemente no (lo conocía), por no ser de mi competencia", afirma.

   Según se desprende de su declaración, de 34 folios, Trillo tampoco se enteró de que Chapman Freeborn decidió suprimir los seguros de vida de 75.000 euros que ofrecía a cada pasajero hasta que no ordenó una investigación interna en el Ministerio para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Tras el siniestro, argumenta, suspendió los contratos con NAMSA "para evitar la alarma social producida durante esos días".

Desconocía las quejas

   El ex ministro también dice que no supo de las quejas sobre seguridad que los aviones contratados a países de la ex Unión Soviética habían generado entre algunos militares hasta que no se produjo el siniestro y recibió los informes elaborados por el EMACON. Niega, no obstante, que estas quejas le fueran ocultadas porque, según afirma, "no era el destinatario final del conducto reglamentario, al no ser el órgano competente ni sobre la contratación, ni sobre el mantenimiento, ni sobre el seguimiento de los vuelos".

   En relación con el informe que elaboró el teniente coronel Javier Merino en el que alertaba de los "altos riesgos que se estaban corriendo al transportar a personal en aviones de carga de la antigua URSS", indica que no tuvo conocimiento de ese documento porque "los únicos informes de inteligencia que recibía el ministro de Defensa eran los procedentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)".

Declaración de Bono

Tras la declaración de Trillo comparecerá como testigo de la causa su sucesor en el Ministerio de Defensa José Bono, al que el juez citó este miércoles a declarar para el próximo día 3 de abril.

Además de la comparecencia de Bono está pendiente la declaración de los representantes de la empresa británica Champan Freeborn, a la que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató el alquiler del avión. En una comunicación remitida el pasado día 13, su representante legal, Carol Norman, solicitó al juez que le permita testificar en el Reino Unido mediante una comisión rogatoria.

En la causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, han comparecido el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares.

   Asimismo, testificaron el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos y un comandante que recibió un correo electrónico de un colega en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".