El conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Esteban González Pons, ha soliviantado a los promotores inmobiliarios con una iniciativa sin duda valiente: que el Consell vaya a plantear la posibilidad de que las plusvalías que generan las recalificaciones de terrenos repercutan y se repartan, de manera proporcional, entre los propietarios de suelo de los últimos 25 años.
El sentido de esta iniciativa es si alguien adquiere un terreno y lo revende antes de que hayan pasado cuatro años y obtiene 'una generosa plusvalía', estaría obligado a repartirla proporcionalmente entre los que hayan sido propietarios de ese suelo vendido durante los últimos 25 años, de manera que se eviten los 'pelotazos'.
González Pons realizó ayer este anuncio durante el acto inaugural del III Congreso Nacional de Estrategia Empresarial en la Construcción, organizado por el Observatorio del Mercado de la Construcción y Vivienda del Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), con la colaboración de la Consellería de Territorio y Vivienda y de la Consellería de Infraestructuras y Transportes. Medida ingeniosa y muy oportuna, dado el elevado número de casos de presunta corrupción urbanísitca que se dan en la Comunidad Valenciana y que empañan el buen nombre de esta autonomía. Casos de presunta corrupción en los que, por cierto, se ven implicados un buen número de cargos del Partido Popular en calidad de imputados.
Además, la iniciativa puede abaratar el precio de la vivienda y evitar encarecimientos repentinos del suelo en las recalificaciones de terreno, así como que se produzcan plusvalías gigantescas en muy poco tiempo cuando un suelo se recalifica. 'Si paramos la especulación sobre el suelo, podremos conseguir viviendas más baratas', apostilló González Pons.
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