El Tribunal Constitucional denuncia al Vicepresidente

La magistrada Silvia Salame, única titular de ese tribunal tras las progresivas renuncias de sus otros cuatro colegas, dijo en la ciudad de Sucre, donde reside el Poder Judicial, que presentó la denuncia ante la Fiscalía General.
La acusación cita los supuestos de delitos penales de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
La falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición impide designar a cuatro de los cinco miembros de que consta en Tribunal Constitucional, así como a tres vocales de la Corte Electoral y al titular de la Fiscalía General.
Según la denuncia de Salame, "el estado de acefalía institucional ha llevado a Bolivia a una situación de anomia que se aproxima a la anarquía, la misma que es totalmente atribuible al presidente del Congreso, Álvaro García Linera", indica un boletín del Tribunal.
Salame remarcó que está obligada a presentar la denuncia porque "el incumplimiento" del Poder Legislativo en la designación de los magistrados en los cargos vacantes, dejó "colapsado" al TC desde el año pasado.
La elección de los nuevos magistrados es "un mandato imperativo" para el Congreso y no es "una facultad discrecional" que se ejerce, según su voluntad, "sino más bien una obligación ineludible", insistió la magistrada.
El diputado oficialista Jorge Silva afirmó hoy que mañana la comisión mixta de Constitución intentará retomar el trabajo para esas designaciones, pero será casi imposible aprobarlas antes de finales de este mes.
El TC de Bolivia se encuentra completamente paralizado desde marzo pasado, cuando se produjo la cuarta renuncia consecutiva de un magistrado en cinco meses.
El origen de estas renuncias es la acusación de prevaricación contra estos magistrados planteada formalmente por el presidente Evo Morales el año pasado.
Finalmente, el Senado, controlado por la oposición, dejó sin efecto la demanda y, por tanto, la apertura de juicio, lo que no impidió la renuncia de los jueces, que entendieron el proceso emprendido por Morales como una amenaza y una violación a la independencia de poderes.