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Anticipo extraordinario

La Gestora de Marbella dispondrá de cien millones

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado, en su habitual reunión de los martes, conceder al municipio de Marbella un anticipo extraordinario de tesorería de hasta cien millones de euros, con carácter reintegrable, a fin de que disponga de los recursos indispensables para su funcionamiento ordinario.

Esta decisión da cumplimiento a la ley que en este sentido fue aprobada por el Parlamento de Andalucía el día 11 del pasado mes de octubre.

El desembolso de esta cantidad se materializará en función de las necesidades trimestrales derivadas de los gastos ordinarios de gestión durante los ejercicios presupuestarios en los que actúe la Comisión Gestora que actualmente gobierna el municipio.

El anticipo se reintegrará a la Tesorería General de la Junta en el plazo máximo de diez años y la Diputación Provincial de Málaga actuará como entidad colaboradora en la gestión del mismo. Por su parte, la Comisión Gestora de Marbella se obligará a aplicar criterios de racionalización y eficiencia en los gastos de administración ordinaria para los que se destina.

La concesión del anticipo acordada por el Consejo de Gobierno se completa con la autorización de la firma de un convenio entre la Junta, la Diputación y la Gestora.

En este convenio se detallará tanto el procedimiento de desembolso, en función de las necesidades trimestrales de gasto, como el de reintegro. De igual modo, se prevé la constitución de una comisión de seguimiento con representación paritaria de las tres instituciones para verificar el destino de los fondos.

La adopción de esta medida extraordinaria es consecuencia de la disolución del Ayuntamiento de Marbella que determinó el Real Decreto 421/2006, de 7 de abril, a solicitud del Gobierno andaluz ante la situación de extrema anormalidad ocasionada por la anterior Corporación.

De acuerdo con las atribuciones que le confiere la nueva normativa autonómica en materia de urbanismo, la Junta asumió el pasado mes de junio las competencias urbanísticas de Marbella y creó una oficina específica para su ejercicio.

Con anterioridad, la Administración autonómica desarrolló durante años una intensa labor en defensa de la legalidad urbanística, que se tradujo en 389 impugnaciones de licencias urbanísticas, 91 actos de suspensión por órganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscalía por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspección urbanística, 250 requerimientos para la incoación de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisión de oficio de licencias concedidas irregularmente, entre otras iniciativas.

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