En una actitud considerada como medida "desesperada", por los líderes cívicos cruceños, el gobierno nacional determinó congelar las cuentas fiscales de la Prefectura de Santa Cruz. El argumento fue existiría iregularidades en la conexión al Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGMA. La medida no disimula la intencionalidad política.
A pocas horas de que el Gobierno congelara las cuentas corrientes de la Prefectura cruceña por interrumpir el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), el prefecto Rubén Costas instruyó a la administración departamental que se conecte a ese sistema y que suministren la información sobre el estado financiero al Ministerio de Hacienda para que el Poder Ejecutivo restituya la distribución de dinero proveniente del Tesoro General de la Nación.
La orden que dio Costas para reconectar a la Prefectura con el Sigma se produjo horas después de que el ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, adujera que la medida gubernamental se produjo porque el Gobierno desconoce los gastos prefecturales y no tiene conocimiento del presupuesto para la gestión 2007-2008. Con esta medida, el departamento dejará de recibir más de Bs 1 millón semanal por concepto de regalías.
"Espero que estos recursos económicos no los estén ejecutando mal, que todos los gastos estén debidamente documentados. No quisiéramos pensar que se quiere soslayar el control del Ministerio, a través del Sigma, para hacer gastos no apropiados, no regulares, con recursos públicos", dijo Arce en la sede de Gobierno y anunció que de manera inmediata se descongelarán las cuentas de la Prefectura, siempre y cuando se reinicie la comunicación entre el Gobierno y las autoridades departamentales.
Aclaró que la determinación gubernamental no es una medida política, sino que está enmarcada en la Ley 1778, que controla la gestión de los recursos, generación de información, promoción de la economía porque las autoridades prefecturales adoptaron de manera arbitraria el retiro temporal del Sigma.
Pese a esa explicación, no sólo Costas, sino también los cívicos cruceños Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez; el secretario general de la Prefectura, Roly Aguilera, y el presidente de la CAO, Mauricio Roca, por separado, calificaron como 'cobarde' la media gubernamental que busca frenar la consulta popular sobre el estatuto, que se realizará el 4 de mayo, y así golpear el sistema autonómico que promueve Santa Cruz.
Similiar criterio emitió el vicerrector de la Uagrm, Reymi Ferreira, por considerar que la medida es una afrenta política al proyecto autonómico.
Por su parte, el secretario de Hacienda de la Prefectura cruceña, José Luis Parada, después de sumarse a las críticas que hicieron las autoridades cívicas, aseguró que los argumentos del ministro Arce no tienen ningún sustento porque, según Parada, el Poder Ejecutivo los días 10 de cada mes recibe la información de la ejecución prefectural y se entregó el POA 2007- 2008.
También denunció que durante la gestión de Gobierno de Evo Morales, la deuda interna subió a $us 2.200 millones y que las prefecturas, universidades, municipios ni los parlamentarios tienen acceso a información del gasto económico que tiene el Gobierno.
Aclaró que el retiro del Sigma, desde hace dos semanas, se debe a la recarga en dos servidores porque se estaba actualizando el sistema de Prefectura Digital 2010 para facilitar el acceso de las subprefecturas para que conozcan el financiamiento y estado de los proyectos programados.
Para Roly Aguilera, de mantenerse la medida gubernamental, se paralizarán más de 244 proyectos municipales, además del pago de ítems de salud.
Denuncian recorte del IDH a Santa Cruz
El secretario de Hacienda de la Prefectura, José Luis Parada, denunció que además del congelamiento de las cuentas de la Prefectura cruceña, el Gobierno también instruyó, de manera arbitraria, que desde abril se proceda con el recorte económico que recibe el gobierno departamental por concepto de IDH y que desde enero de 2008 esas partidas económicas han sufrido un recorte sistemático. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Luis Arce, desmitió esa versión por considerar que los desembolsos para el presente mes se harán en mayo, siempre y cuando se tenga toda la documentación requerida para conocer el estado financiero de la Prefectura.
“He visto las declaraciones del señor Parada, muy desatinadas, muy desinformado el señor”, manifestó.
Sobre el recorte por el IDH a la Prefectura, el vicerrector, Reymi Ferreira, aclaró que la Uagrm no sufrió ningún recorte por esa partida y protestó porque la variación que sufre el dólar está rebajando el presupuesto de todas las universidades de Bolivia porque las asignaciones que hace el Gobierno se rigen por el antiguo contrato de exportación de gas que logró con Argentina en 2007; mientras, la presidenta de la Amdecruz, María Elva Pinckert, señaló que tiene información de que el Gobierno estaría poniendo contra la pared a varios municipios cruceños que respaldan el sistema autonómico. F. R.
Una guerra de flujos a la vista
Bernard Inch / Analista económico
El corte de flujo a la Prefectura cruceña, medida asumida ayer por el Gobierno, precipitará aún más los problemas que tiene enfrentados al Gobierno central con Santa Cruz.
La disposición es ilegal y abusiva porque no se agotaron las disposiciones administrativas y no se pensó en las consecuencias negativas que puede sufrir el mismo Gobierno, porque Santa Cruz tiene fuentes de generación de fondos (sector agropecuario e industrial, forestal y otros rubros productivos) que si deciden no seguir aportando al fisco, el efecto negativo, con seguridad, lo sufrirá el Estado porque el Tesoro General de la Nación (TGN) dejará de percibir esos recursos.
El problema puede ser mucho más grave para el Gobierno si las cuentas del sector público y privado, por decisión de los empresarios, pasan a ser administradas por la Prefectura. Eso provocaría que se genere una guerra de flujos a la que se podrían sumar los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que en las próximas semanas también irán a la consulta regional para aprobar la carta autonómica.
El Gobierno se precipitó, de manera irresponsable, al congelar las cuentas prefecturales porque está estimulando a los sectores generadores de fondos a romper el sistema fiscal y financiero público.