Es necesario reconocer que las últimas declaraciones de Arnaldo Otegi en las que afirma que Batasuna "no tiene previsto hacer ningún llamamiento a sus bases para que cese la violencia callejera en el País Vasco" porque esta petición estaría "manipulada", ha llevado la zozobra a quienes confiábamos en un proceso de paz, largo y difícil, pero no sacudido por la violencia y las amenazas de la banda terrorista y de sus secuaces callejeros. Y por si la situación no era suficientemente complicada, hoy nos hemos desayunado con otras declaraciones de Pernando Barrena acusando al Gobierno de patrocinar la violencia por permitir las “agresiones judiciales” contra la izquierda abertzale. Mal momento, sin duda.
Pero, pese a que la situación del proceso ha empeorado, conviene recordar que los elementos que han provocado su crisis ya estaban presentes desde hace meses, aunque se hayan acrecentado a raíz del robo de armas por parte de ETA. Estaba presente la durísima ofensiva del partido popular contra cualquier indicio de diálogo o negociación con la banda etarra, en un intento exasperado de hacer fracasar el proceso de paz que supondría el eclipse de Rodríguez Zapatero; estaba igualmente presente la ignorancia real o fingida de los dirigentes de Batasuna sobre los elementos que integran la democracia y el papel de los jueces que, desde su independencia, parece que no están por facilitar la labor al Gobierno: véase la durísima condena impuesta a De Juana, sin precedentes desde los tiempos del TOP, pero que no son manipulables. Esto, aunque no lo confesaran abiertamente, tendrían que tenerlo presente los dirigentes de Batasuna en sus planteamientos. Y también estaba presente la voluntad del Gobierno de no dar pasos para abrir la negociación política sin acreditar el firme propósito de la banda terrorista ETA de abandonar definitivamente las armas, pero tampoco aplicar la propia legislación penitenciaria española para el acercamiento de presos y el empleo legal de los beneficios penitenciarios u otras medidas que facilitaran el proceso, ufanándose de una dureza que sin duda ha resultado irritante para muchos ciudadanos vascos.
Que ahora se hayan conjugado todos elementos con el aumento de la violencia callejera, el sospechoso silencio de ETA sobre el robo de armas, la delictiva chulería de Otegi afirmando que podría ir por los pueblos para detener la violencia callejera, el redoblado esfuerzo para implicar de algún modo a los etarras en el atentado del 11-M, las insidiosos acusaciones de haber negociado el futuro de Navarra: son muchos los factores adversos que se han conjuntado para hacer fracasar el proceso de paz y el proyecto de Rodríguez Zapatero de erradicar de España el terrorismo y la violencia.
La salida a la actual situación se presenta muy difícil. Excluida la posibilidad de dar por abortado el proceso aunque solo fuera por la poderosa razón de que una gran mayoría de los españoles desea la paz, es escasa la capacidad de movimiento del Gobierno después de haber criticado el acercamiento de presos durante la tregua etarra durante el mandato de Aznar. En cualquier caso, parece imprescindible que se tome contacto con los terroristas contando de antemano con la reacción virulenta del partido popular, que acusará de todas las infamias y traiciones al Gobierno. Pero también deberían tener un soplo de sensatez los dirigentes de Batasuna que tendrían que tener muy presente su necesaria contribución al proceso evitando toda violencia porque, o soluciona este gobierno el problema vasco, o pueden perder toda esperanza de que llegue a aplicarse un proceso dialogante y democrático sirviéndose de los cauces legales. No hay otra salida sino continuar el proceso abierto.
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