Señales peligrosas

La noticia pasó casi inadvertida.
 
Apenas uno que otro parrafito en la prensa dando cuenta del hecho, sin una explicación razonable  pero sí con una pequeña dosis de insidia que atribuía tal decisión a una “gestión mal evaluada”.

El hecho es que la remoción de la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la abogada Raquel Mejías, pasó “piola” como dirían los jóvenes. El gobierno, en medio de la conmoción nacional provocada por el volcán Chaitén, le comunicó a través del subsecretario Felipe Harboe que ya no seguía en sus funciones. 

Sin una razón concreta decidió desprenderse de una profesional que llevaba cinco años dirigiendo el Programa de DD.HH., cuyas facultades para actuar judicialmente estaban acotadas a los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados cuyos restos no se han encontrado. A ello se suman sus 16 años de experiencia en la Corporación Nacional de Reparación.

Es  decir, se trata de alguien con una vasta experiencia en el tema. En estos cinco años  están procesados, de norte a sur del país,  621 agentes entre civiles y uniformados, implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. De ellos, hay 38 cumpliendo condena.

Su remoción se enmarca en un contexto difícil de eludir. El procesamiento a seis altos oficiales de la Armada por el caso del secuestro calificado del sacerdote anglo chileno Michael Woodward no puede haber pasado inadvertido para el gobierno, dada la batahola que armaron amigos y familiares de los oficiales, así como la carta que 13 diputados de la UDI leyeron en el Congreso, en una actitud sin precedentes, criticando a la jueza María Eliana Quezada, que sustancia el caso, y denunciando una “persecución judicial” contra los procesados. Estos, después de estar 26 días detenidos, salieron en libertad bajo fianza, de acuerdo a un fallo dividido de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La Corte estimó que no era necesaria su detención para llevar a cabo las diligencias pendientes en torno a un  caso que ha tardado 35 años en empezar a esclarecerse. Según informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, unas 110 personas pasaron por el buque escuela Esmeralda, pero sólo Woodward figura como muerto a causa de los interrogatorios realizados en él, como consta en el Informe Rettig . El cuerpo de Michael Woodward nunca apareció.

Pero no es lo único que ha ocurrido en estos días en materia de Derechos Humanos. A 35 años de la muerte del cantautor Víctor Jara, la justicia decidió cerrar el caso con un solo procesado, el coronel en retiro Mario Manríquez Bravo. Tras ser golpeado y torturado, Jara recibió 44 impactos de bala. El único procesado era entonces jefe militar del Estadio Chile, donde había cientos de detenidos y gran número de guardias.

Casi en paralelo, la Segunda Sala de la Corte Suprema aplicó la prescripción en otro caso de Derechos Humanos: el homicidio calificado de José Constanzo Vera, ocurrido el 21 de septiembre de 1973 en Talcahuano y por el que estaba procesado el oficial en retiro de la Armada, Julio Alarcón Saavedra.

El abogado Eduardo Contreras calificó esta medida como “un paso atrás que desprestigia a la justicia chilena, que nos hace volver a tiempos muy anacrónicos, cuando no se respetaba el Derecho Internacional”. Y la vinculó con otras “señales peligrosas” como la remoción de la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la abogada Raquel Mejías.
 
Y no le falta razón. Su remoción es una mala señal para los jueces. Habrá que ver cómo siguen adelante los procesos pendientes, si la justicia por fin llega a quienes la han esperado por tantos años, o si nos contentaremos sólo con políticas asistenciales para los familiares de las víctimas.

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Gabriela Meza
Periodista