En el articulado se define a la comunicación como la base de la democracia participativa y del buen vivir.
También se rescata el derecho que tienen todas las personas de forma individual o colectiva a un comunicación libre, equitativa, diversa, participativa, deliberativa e incluyente.
Una de las propuestas que ya ha generado discusión es la que se relaciona al control del Estado a la emisión de publicidad y programas que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el comercio sexual...
Uno de los cambios que contempla el articulado, respecto a la legislación actual, es el que el Estado garantiza la distribución equitativa de las frecuencias del espectro radio eléctrico, entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.
Estos y otros aspectos relacionados con los Derechos de las Comunicación son los que en este momento se encuentran discutiendo en el pleno de la Asamblea. A esta sesión asisten, como observadores, al menos unos cincuenta representantes de los medios de comunicación del país.