Protesta de funcionarios de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

Los concentrados critican la intención del Gobierno municipal de "de derogar el convenio colectivo y reemplazarlo por una ordenanza unilateral que regule las condiciones de trabajo por la vía de la imposición y el decreto". Dicha ordenanza se encuentra en fase de proyecto. "A eso se une su permanente agresión al patrimonio de los madrileños al privatizar servicios esenciales y entregarlos a empresas privadas para que hagan negocio a costa de lo que hemos pagado entre todos", destacó CC.OO.

Trabajadores de la Comunidad
Por otro lado, varios miles de empleados públicos de la Comunidad de Madrid se manifestaron la tarde de este lunes, desde la plaza de Cibeles hasta la calle de Sevilla en defensa de los servicios públicos, por el derecho a la negociación colectiva y por la mejora de las condiciones de trabajo.

Bajo una intensa lluvia, los trabajadores exigieron negociar la revisión de su convenio, que expiró en diciembre del pasado año. Sin embargo, según los sindicatos convocantes-UGT,CCOO, CSIT-UP-, "no se ha abierto un proceso de negociación regional, por lo que se incumple el Estatuto Básico de los empleados". Desde el pasado mes de septiembre, los representantes de los trabajadores solicitan empleo estable y de calidad, reducción de la temporalidad y la homologación de derechos entre todos los empleados públicos.

Además, piden la homologación de derechos entre todos los empleados públicos. "Existen desigualdades salariales entre las mismas categorías profesionales. Así, un médico que trabaje en un hospital transferido a la Comunidad gana una diferencia de 7.500 euros menos al año que un compañero que trabaje en un centro que ya era de la Comunidad", explicó el secretario de política sindical y formación, Juan Luis Martín Sierra.

Entre las reivindicaciones laborales de los funcionarios destacan la creación de empleo estable y de calidad, reducción de la temporalidad, el desarrollo efectivo de la carrera profesional, medidas para la conciliación de vida personal, familiar y profesional, un plan de igualdad "efectivo", así como derechos laborales específicos para las mujeres víctimas de violencia machista. En la protesta también se defendieron los servicios públicos frente al "proceso de privatización de Esperanza Aguirre".

Apoyo de la oposición
"El Gobierno regional consiente y contribuye al deterioro de lo público para justificar la cesión de estos servicios a las empresas privadas", afirmó Esmeralda Mingo, de CSIT-UP, quien aclaró que "los empleados no están aquí para montar follón como aseguró la presidenta Aguirre". El secretario de Movimientos Sociales del grupo municipal socialista, Pedro Zerolo, apoyó la protesta y manifestó que lo público es lo que "cohesiona y garantiza" el principio de igualdad de oportunidades.

La portavoz parlamentaria de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, instó a la Comunidad a que escuche "la voz de la calle, el clamor de la defensa de lo público". La Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Plataforma 10 minutos Madrid apoyaron la protesta, a la que estaban convocados 200.000 empleados públicos de la región.