Estos informes surgieron ayer al término de la reunión entre el embajador de Francia, Alain Fouquet, quien representa a la UE en el país; sus colegas europeos y el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno, entre las 08.30 y las 10.30.
La cita ocurrió luego de que el miércoles el Parlamento Europeo aprobara la “directiva (ley) de retorno” de inmigrantes indocumentados, medida que unifica los procedimientos para su retención (hasta de 18 meses) y su expulsión de suelo europeo a partir del año 2010.
Esta disposición fue criticada por representantes de ocho países de Latinoamérica. El presidente Morales la denominó “directiva de la vergüenza” pues, argumentó, viola los derechos humanos y crea “campos de concentración”. El jueves recordó que los europeos fueron bien recibidos en América desde la Colonia y anticipó que la norma puede desembocar en hechos de violencia.
Tras la reunión, Fouquet sostuvo: “Hemos explicado al Presidente, que ha escuchado bien nuestros argumentos, que esta normativa es para mejorar la situación, que había disposiciones muy diversas en los 27 países de la UE y se necesitaba una armonización en la dirección de una mejor situación para los migrantes”.
El diplomático europeo agregó que “si podemos lograr, entre la UE y la CAN, disposiciones más favorables de la directiva, serán bienvenidas”.
Sin embargo, explicó que también se pueden plantear convenios bilaterales y multilaterales. “Sé que hay discusiones entre Bolivia y España, también habrá un convenio multilateral entre la CAN. (Las charlas) no han terminado, son discusiones que no son muy fáciles, pero hay voluntad y buena fe para lograr un acuerdo satisfactorio”.
Además de Bolivia, forman parte de la CAN Colombia, Ecuador y Perú, mientras que la UE está integrada por 27 países.
El presidente Morales, informó Fouquet, comunicó a los embajadores europeos que tenía objeciones relacionadas con los derechos humanos de los inmigrantes. “Hemos respondido que, al contrario, en la directiva había garantías y alusiones a los convenios, como la Declaración Europea de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados”.
“No puedo decir que estamos completamente de acuerdo con todo, pero el encuentro con el presidente Morales ha sido muy útil porque ha permitido explicar y está abierto a continuar las discusiones aquí con los embajadores y en Bruselas con la Unión Europea”.
Plan de regularización
El canciller David Choquehuanca anunció que el Gobierno emprenderá reuniones de tipo bilateral para disminuir el impacto de la ley aprobada por el Parlamento del viejo continente.
“Nos han explicado que es una directiva para armonizar a los 27 países que tenían normas diferentes, establecieron una base mínima sobre la cual se puede negociar y alcanzar la flexibilización y llegar a acuerdos que permitan la regularización de los que están en situación irregular en Europa”.
Las próximas semanas se trasladarán funcionarios de la Cancillería para sostener reuniones “tanto con nuestros consulados como con autoridades de esos países para abordar estos temas a nivel bilateral. Del 7 al 11 de julio se efectuará una reunión entre la CAN y la UE para alcanzar el acuerdo de asociación, donde está el tema migratorio”.
“Siempre es posible modificar (la norma), tienen derecho a sacar sus normas de manera soberana, nosotros hemos manifestado que se pueda cuidar la parte de los derechos humanos”, dijo Choquehuanca, e indicó que, en reciprocidad, el Gobierno estudia “la aplicación de visas no sólo con Europa, sino con otros países”.
El Canciller dijo que los requerimientos de pasaportes por parte de los bolivianos en Europa datan de hasta hace cinco años, por lo que se establecieron programas especiales para que puedan regularizar su situación. “Se llevaron 10.000 pasaportes, lanzamos una campaña; se asignaron recursos extraordinarios para que personal de la Cancillería pueda atender en varios lugares, especialmente en España. Estamos agotando (esfuerzos), se ampliará el programa (de entrega de pasaportes); se habla permanentemente con las autoridades de España, Italia, Alemania y Francia”.
El jefe de la diplomacia boliviana admitió que existen muchas limitaciones en el régimen consular. “Debemos atender a más o menos dos millones de bolivianos que están en el exterior, la mayor parte en Europa y Estados Unidos. En Italia, tres funcionarios atendían a mil compatriotas, ahora deben atender a 15.000, pero estamos atendiendo para poder colaborar con nuestros compatriotas”, explicó.
Según la agencia Efe, el Gobierno español, por su lado, informó que hará un “esfuerzo diplomático de información” con los países de América Latina que expresaron su rechazo a la directiva de la Unión Europea, anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. Mientras, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que la directiva europea “no obliga, sino que limita” el tiempo máximo de retención.
Amnistía dice que la Directiva criminaliza a los inmigrantes
La presidenta de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, denunció ayer que la “directiva de retorno” aprobada por la Unión Europea (UE) “es un retroceso” que “criminaliza” la inmigración, informó el diario El Universal de México en su edición digital.
Al finalizar un viaje que inició el 14 por diferentes ciudades españolas para evaluar la situación de derechos humanos, Khan centró parte de su mensaje a las nuevas medidas sobre migración aprobadas esta semana por la Eurocámara.
“La consideramos un retroceso en materia de derechos humanos y criminaliza la migración. Amnistía Internacional está decepcionada por esa directiva que amplía a 18 meses la detención de los inmigrantes”.
“Eso no permite acabar con el problema de la migración irregular y sí aumentará el sufrimiento de las personas detenidas”, manifestó la dirigente de la organización no gubernamental.
La Directiva Retorno regulará la detención y expulsión de inmigrantes ilegales en la UE, entre sus medidas figura la detención en centros especiales por hasta seis meses, ampliables a un año y medio, de quienes se nieguen a salir por su voluntad en 30 días. Khan señaló que “estar sin papeles no significa estar sin derechos, por lo que todos los seres humanos tienen derechos independientemente de su estatus migratorio”.
Perú recurre a la OEA y pide cita presidencial
El presidente de Perú, Alan García, solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a una reunión para que sus países miembros se pronuncien sobre la “directiva de retorno” de inmigrantes irregulares en la Unión Europea (UE), informó ayer la agencia española Efe.
García dijo que, de llegar a un acuerdo, se tendría “una presencia numérica y una sola voz. Oportunamente, creo que podríamos asistir los presidentes. Yo estaría dispuesto a asistir porque estamos hablando de millón y medio de peruanos y doce millones de latinoamericanos”.
El Jefe de Estado también indicó que Perú actuará diplomáticamente ante los gobiernos europeos e incluso enviará misiones especiales.
Explicación a Chávez
Mientras, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, según Europa Press, se comprometió ayer a explicar al jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, la directiva de retorno de inmigrantes aprobada por el Parlamento Europeo, porque han habido “muchas interpretaciones”.
Así respondió el jefe del Ejecutivo a las declaraciones de Chávez, quien matizó que, adicionalmente, hará una lista de las inversiones que los países europeos tienen en Venezuela para aplicar a las naciones que pongan en marcha la directiva una medida similar, pero de “retorno de inversiones”, y amenazó con no vender crudo a estos Estados.
200 bolivianos, detenidos en España
Al menos 200 bolivianos se encuentran detenidos en cárceles españolas por el solo “delito” de ser inmigrantes indocumentados, según la organización Dignidad Ya, especializada en dar asesoramiento legal a los bolivianos que viven en el país ibérico.
La red televisiva Bolivisión, desde Cochabamba, informó ayer que esa organización dio con esa cantidad de connacionales detenidos luego de que se instalaran oficinas de asesoramiento jurídico en Barcelona y otras ciudades, con la participación de abogados nacionales y españoles.
“Muchos están sufriendo abusos porque nadie protege sus derechos”, señala un informe de esa organización de apoyo jurídico que tiene una filial en la capital del valle.
Según la Embajada de Bolivia en la península, mensualmente se producen 1.700 arrestos de bolivianos.
La “directiva (ley) de retorno”, aprobada el miércoles por el Parlamento Europeo, establece retenciones (lo que equivale a arrestos en centros de internamiento, no cárceles) hasta de 18 meses para personas indocumentadas.
Según informó el miércoles la BBC, un estudio sobre los centros de internamiento en Europa —elaborado por la firma consultora Steps Consulting Social a pedido del Parlamento Europeo— concluye que estos recintos en España presentan “condiciones similares a las de una cárcel donde los reos están confinados casi todo el tiempo a una celda”.
María, una boliviana que estuvo retenida en el Centro de Internamiento de Aluchi, en Madrid, contó a la agencia: “Cuando llegué al centro de internamiento pensé que me iba a morir. Yo pensaba que me iban a llevar a una casa donde esperaría a que me regresaran a mi país. Pero cuando crucé esa puerta…”. Una celda en la que estuvo 39 noches en espera de su libertad. “Sentadita, llorando. Muchas veces quise salir al patio, pero no nos dejaban. Ahí no hacen ninguna actividad para nosotros. Ese sitio es para enloquecer a la gente”. Tras los 40 días legales de retención, María fue dejada en libertad.
“Gabriel” (nombre supuesto de otro boliviano) llegó en un estado de salud crítico, ya que padecía tuberculosis. “Cuando me retuvieron, nadie me creyó que estaba bajo tratamiento de tuberculosis. Tenía miedo de contagiarles”.
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