La Sanidad, una cuestión de Estado

No hay un ámbito más adecuado para medir el grado de progreso y desarrollo de un país —junto con los servicios educativos—  que el del sistema sanitario que atiende la salud de sus habitantes. De hecho, la Sanidad es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, ese modelo de prestaciones y derechos que es la gran conquista ciudadana de las sociedades democráticas occidentales más avanzadas.

 Fue en la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, donde quedaron establecidos de manera inequívoca los principios de universalidad, gratuidad, equidad, financiación y provisión pública que definen el modelo sanitario español, así como el desarrollo del reconocimiento expreso del derecho a la protección de la salud fijado en el artículo 43 de la Constitución española. La importancia, por tanto, de la Sanidad pública como elemento esencial del Estado y de los derechos ciudadanos está garantizada en nuestro país constitucionalmente.

En Madrid, sin embargo, las cosas se complicaron cuando, en enero de 2002, se asumieron las competencias sanitarias después de un muy deficiente proceso negociador que convirtió a nuestra comunidad autónoma en la de menos financiación “per capita” de toda España. La precipitada y confusa negociación entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional, en aquel entonces ambos del Partido Popular, provocó tanto un cálculo a la baja de las necesidades presupuestarias como una falta de previsión de las variables demográficas del territorio madrileño.

Desde este irregular punto de partida las cosas no han hecho sino empeorar en la Comunidad de Madrid, sobre todo según se van intensificando las presiones privatizadoras sobre el conjunto del sistema sanitario regional. Los diferentes modelos de gestión hospitalaria introducidos por el actual Ejecutivo autonómico han abierto un camino muy peligroso para la permanencia de los principios y derechos recogidos en la Ley General de Sanidad y en la propia Constitución.

Es esta situación, reflejada, entre otros índices, en el gasto dedicado a Sanidad de cada Comunidad Autónoma —donde Madrid es la segunda que menos invierte por habitante de las diecisiete autonomías—, la que está propiciando la aparición de crecientes desigualdades en un ámbito, el de los Servicios Públicos, que por definición es el que debe garantizar la igualdad y la cohesión y vertebración social.

Así, podría darse el caso de que la igualdad entre los ciudadanos españoles, sea cual sea su origen, podría estar más amenazada por esa aleatoria aplicación de modelos radicalmente diferentes de gestión de los Servicios Públicos en unos u otros territorios de nuestro país, que no por otras cuestiones identitarias, lingüísticas o históricas que tanto parecen preocupar al Ejecutivo autonómico madrileño.

El que, además, una parte de la gestión sanitaria ya privatizada en Madrid se haya entregado a empresas extranjeras, ligadas a su vez a multinacionales norteamericanas de capital riesgo, pudiera estar dejando la atención de la salud de muchos madrileños condicionada a los vaivenes especulativos de los mercados financieros internacionales, lo que es a todas luces inaceptable. De esta manera, mientras los ciudadanos españoles de otras Comunidades Autónomas tendrían plenamente garantizado el servicio sanitario público reconocido en la Constitución, en Madrid seríamos un poco menos ciudadanos que en el resto de España al no tener plenamente asegurada la provisión pública de nuestra Sanidad por culpa de las erróneas decisiones del Gobierno autonómico. 

Por tanto, la defensa de los Servicios Públicos en nuestra región se ha convertido en una prioridad ciudadana y del trabajo sindical de UGT-Madrid. Es una cuestión de Estado, de todo el Estado y no únicamente de la Comunidad de Madrid, que en el caso de la Sanidad requiere de urgentes medidas correctoras. 

 José Ricardo Martínez Castro
Secretario General de UGT-Madrid