La prostitución, ¿un trabajo regulado y con Seguridad Social?

Esta iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a reconocer los derechos humanos para las trabajadoras del sexo. Esto implica en primer lugar su reconocimiento como interlocutoras válidas y no relegarlas desde el primer momento a un plano de víctimas y por tanto, negarles el respeto social y la dignidad. Además ICV pretende que la prostitución voluntaria sea un trabajo por autodefinición, y cumple todos los requisitos legales exigidos actualmente para quedar incluido en el marco de protección del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos.

    Herrera denuncia que la prostitución en España sea una actividad “alegal”, y ésta es la peor de las situaciones que se puedan dar, de un lado no está regulada ni civil ni laboralmente y del otro, no está penada, exceptuando casos de menores de edad o prostitución forzada.

    El diputado de ICV explica en la exposición de motivos que el 17 de abril de 2007 la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer concluyó el dictamen final sobre la situación de la prostitución en España. Dicho informe final, que no reconoce el trabajo sexual, fue aprobado con los votos de PSOE, PP, CIU, PNV y Entesa Catalana de Progrés, mientras que IU-ICV, ERC y el Grupo Mixto votaron en contra. 

    De entre las principales recomendaciones del Informe se desprenden la elaboración de una Plan Integral contra la Explotación Sexual y la necesidad de que el Gobierno investigue económicamente a los locales de alterne y extreme las medidas para la persecución del proxenetismo.

    Tal y como manifestó ICV con su voto particular al Informe, éste no ha alcanzado el objetivo general que se encomendó a la Ponencia “elevar un dictamen informativo que permita concluir con un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país” pues tan sólo aborda el fenómeno de la prostitución desde una óptica trafiquista, victimista y paternalista, partiendo de un enfoque centrando únicamente en la esclavitud sexual y obviando otras realidades comprendidas dentro del término “prostitución” como la voluntaria, entendida como opción personal laboral, sea de manera puntual o estable, pero tan legítima como cualquier otra forma de vida.

    “Este enfoque parcial del que parte el Informe –afirma Herrera- tiene como consecuencia que las conclusiones y recomendaciones al Gobierno se refieran únicamente a la prostitución forzosa, respecto la cual, nuestro grupo parlamentario al igual que el resto de grupos parlamentarios, considera que hay que destinar todos los recursos posibles para erradicarla”.

    A tal efecto, y de entre las medidas que se proponen en el Informe, ICV comparte la necesidad de: realizar un estudio para aproximarnos a la realidad en cifras de la prostitución en España, incrementar la actuación policial y judicial contra las redes de tráfico, modificar el Código Penal para endurecer las penas de proxenetismo, explotación sexual y tráfico de personas, aplicar medidas de protección a las personas que ejercen esta actividad y que quieran abandonarla, revisar la ley de extranjería e intensificar medidas de cooperación internacional.

    “Pero en aquellos casos en los que la prostitución es voluntaria el Gobierno debería  defender, aunque sea una minoría, sus derechos. Ejercer un trabajo que no existe convierte a las personas que lo practican en invisibles, con necesidades invisibles y, en consecuencia, no tienen ningún derecho laboral, social ni de ciudadanía, perpetuando su marginalidad, y facilitando la actuación de las mafias que trafican con personas”, sostiene Herrera.