El propio Cónsul, que fue nombrado por el actual Gobierno, solicitó la auditoría al percatarse de la falta del dinero que, según investigaciones preliminares, fue mal administrado.
El análisis para determinar el origen del descuadre de las cuentas fue realizado por personal de la Cancillería que labora en Quito, que en su informe determinaron que la pérdida del dinero no correspondería a una acto doloso (robo), sino a una mala administración del dinero.
Sin embargo, será el mismo cónsul Mateus el que deberá justificar el destino del dinero y deberá probar que éste no fue sustraído del consulado.
Fuentes de la Cancillería anunciaron que si Mateus no justifica en que fue gastado el dinero, el caso será remitido a la Contraloría, que deberá iniciar las investigaciones que determinen sanciones y responsables.
Los más de 100.000 euros provienen de los ingresos que percibe el consulado ecuatoriano en Madrid por la emisión de documentos consulares (pasaportes, visas, legalización de documentos).
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