Textos constitucionales ya pasaron primer debate

Concluyó el debate de los textos constitucionales, referentes a los Derechos Colectivos y Difusos, Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y de los Grupos de Atención Prioritaria, en la parte correspondiente a la Familia y Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, con un total de 24 artículos.

La propuesta corresponde a la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales y es el resultado de los planteamientos recibidos en el ámbito de los derechos de los grupos de atención prioritaria, por parte de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.

El articulado plantea el fortalecimiento de medidas eficaces para garantizar los derechos de los grupos de atención prioritarios. Así mismo, ampliar la protección a las personas que padecen enfermedades catastróficas y de alta complejidad, mujeres embarazadas y en estado de lactancia, personas privadas de libertad y grupos sensibles de la población.
Se destaca que el tema de las personas con discapacidad, fue uno los más debatidos, al existir en el país más de un millón y medio de personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Subraya el documento, que los niños, niñas y adolescentes también exigieron su espacio, y presentaron sus creativas propuestas para consolidar el marco de protección legal ya establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Niños/as indígenas tenían sus propias exigencias diversas a los de los otros sectores organizados.

Las personas adultas mayores también fueron escuchadas y con primacía. Exigen un trato más humano y, sobre todo, una atención más digna, pues son objeto de atropellos, violaciones, engaños y poco o nada hace el Estado o la sociedad por ellos.

 Con respecto a los niños, niñas y adolescentes se incorpora el derecho a la estimulación temprana pues los y las integrantes de la Mesa han reconocido la importancia que tienen los primeros años de vida en el desarrollo futuro de un ser humano. A más de ello, se redacta una serie de políticas de estado en su beneficio, que refuerzan las conquistas de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y del Código de la Niñez y Adolescencia.

 De igual forma, se determinan los derechos y las políticas públicas para las personas con discapacidad y adultos mayores, en favor de quienes se dan amplias garantías.

 Entre los grupos nuevos se incorporan a quienes padecen enfermedades catastróficas y de alta complejidad, que requiere una atención inmediata, pero que lamentablemente no puede contar con la misma por lo saltos costos que tienen los tratamientos que deben realizarse.

 Las personas privadas de libertad, así mismo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, al estar sometidas al máximo poder represivo del Estado y aisladas de un entorno que permita ejercer plenamente sus derechos o reclamar por los mismos. Por lo pronto, mientras las cárceles del país sigan siendo eso y no verdaderos centros de rehabilitación, su condición de grupo en situación de vulnerabilidad no variará.

  Las mujeres embarazadas también tienen su espacio, para garantizar la protección y cuidado de su vida. Las tasas de mortalidad son elevadas en este sector de la población y en la mayoría de ocasiones esto se debe a las malas condiciones de atención, antes que a verdaderos problemas que no hubieran podido ser resueltos con una atención profesional inmediata.

  La Familia

Respeto al derecho a la familia, se mantienen los estándares de la Constitución de 1998, con importantes avances solicitados por la ciudadanía, en el marco del respeto a la diversidad y la libertad de opción en el ejercicio de la sexualidad. Por ello, se ha reconocido la unión de hecho ha parejas que no tengan vínculo matrimonial anterior, generándose los mismos derechos que tiene una pareja casada, exceptuando el derecho a la adopción para parejas del mismo sexo.

  Otro criterio importante incorporado es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y el desarrollo de programas públicos que incorporen el enfoque de género. Además, se ha incorporado una propuesta novedosa que establece la corresponsabilidad en la educación de los hijos de padres y madres, aún cuando estuvieren separados o divorciados.

Los asambleístas disponen de 48 horas para presentar sus observaciones a la Comisión Directiva o la Mesa 1, las que serán analizadas para ajustar la propuesta antes del segundo debate.