El Defensor del Pueblo, contra la paralización del PGOU de Algete por el ruido de Barajas

El informe del Defensor del Pueblo considera que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "no está actuando de acuerdo con la legislación vigente en el ámbito de sus competencias". En este sentido, la Defensoría no aconseja la urbanización ni edificación de terrenos "que previsiblemente se verán inundados de ruido", sino que no considera "ajustado a la ley" que el responsable de la generación del ruido, en este caso la administración aeroportuaria, "se desentienda de sus efectos previos y posteriores, sin indemnizar".

"La Administración urbanística regional no debe secundar al titular del aeropuerto haciendo esperar a los municipios de la región, sin título jurídico y sin instarle o al menos advertirle de la posibilidad de indemnización", señala la Defensoría.

El portavoz socialista en Algete, Jorge Rodríguez, indicó que en su informe, el Defensor del Pueblo recoge que "las supuestas afecciones acústicas, en el caso de existir, no son de Derecho, que no se puede confundir huella de ruido con servidumbre acústica, que la decisión de aplazar la decisión sobre los sectores afectados no tiene ningún respaldo legal, y que no son los ayuntamientos y vecinos los responsables del ruido ni, por tanto, los encargados de realizar los estudios correspondientes".

Además, el informe sugiere a la Comunidad que se dirija a la administración aeroportuaria para hacerle ver que sólo ésta es "la responsable de la situación creada", y que sólo puede imponer cargas acústicas "de acuerdo con la ley".

Rodríguez afirmó que este dictamen "demuestra" que la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de "bloquear" todo el desarrollo de Algete se trató de "una decisión política que pone en evidencia la persecución que sufrió durante la legislatura pasada el Ayuntamiento socialista de Algete por parte de la Comunidad de Madrid y de la actual alcaldesa, Inmaculada Juárez, cuando era líder de la oposición y portavoz del PP algeteño".

Asimismo, lamentó que el informe del Defensor del Pueblo no sea de ejecución obligatoria por parte de la Comunidad de Madrid, ya que éste "obligaría a la Administración regional a subsanar el daño causado a los vecinos afectados y al Ayuntamiento".

El portavoz socialista aseguró que la actual alcaldesa fue "parte del boicot" y de los ataques al municipio. "Inmaculada Juárez puso por delante su interés particular y partidario al interés de todos los algeteños. Juárez es la alcaldesa de Aguirre, pero no de todos los algeteños", concluyó.

Asimismo, el PSOE exigió que se haga frente a las responsabilidades políticas que se derivan del dictamen del Defensor del Pueblo, y que apuntan directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la actual alcaldesa de Algete, "por actuar fuera de la legalidad y con mala fe", y por "provocar un daño difícilmente reparable al Ayuntamiento y a los miles de ciudadanos a los que se ha impedido acceder a una vivienda protegida en un plazo razonable de tiempo".