El Consistorio de San Fernando derribará construcciones ilegales en suelo protegido

Según los colectivos de defensa ambiental de la comarca del Parque Regional del Sureste, los propietarios deberán asumir los costes de estos derribos, que ascienden a 320.000 euros. Sin embargo, es probable que el propio Ayuntamiento de San Fernando se vea obligado subsidiariamente a ejecutar los trabajos de retirada de las instalaciones. 

La zona del Soto de Aldovea se encuentra en los límites del Parque Regional del Sureste y en la ribera del río Henares. Según las asociaciones ecologistas, desde hace años se vienen implantando "ilegalmente" numerosas empresas y viviendas sin servicios ni redes de saneamiento en suelos especialmente protegidos y no urbanizables.

"Estas actividades, carentes de control y servicios, son una amenaza para la calidad de los suelos y de las aguas y suponen una grave alteración del paisaje", afirmaron los grupos de defensa medioambiental. "Esto es algo perfectamente conocido por los propietarios y titulares de las instalaciones y, en la actualidad, son visibles chalets adosados, chatarrerías y almacenes ajenos al uso agrícola, que es el único permitido en estos suelos rústicos de especial protección", explicaron.

Actitud pasiva de la Comunidad
Así, los ecologistas aseguraron que tanto la Comunidad de Madrid, con competencias en disciplina urbanística y ambiental, y administradora del Parque Regional del Sureste, como la Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de la calidad de las aguas subterráneas y del cercano río Henares, mantienen una actitud pasiva "de la que se aprovechan algunos particulares sin escrúpulos en muchas localidades de la comarca".

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares fue hace dos años, según las asociaciones ecologistas, protagonista de la recuperación de la margen derecha del río Jarama al desmantelar los huertos clandestinos y los chamizos ilegales que ocupaban el dominio público hidráulico.

Por ello, los grupos ecologistas que trabajan en el ámbito del Parque Regional del Sureste quieren que "esta iniciativa sirva de ejemplo para otros muchos ayuntamientos de la comarca, para que adopten una posición activa en la recuperación de los espacios naturales, que son patrimonio de todos y no de aquéllos que los parcelan y ponen precio para especular", concluyeron.