Horas antes de su clausura, la Asamblea Nacional Constituyente, con su accionar apresurado como telón de fondo, posiblemente empujada por el Gobierno que busca votos para el "Sí" en el referendo, aprobó el mandato eléctrico que entre otras cosas condona las deudas de más de 700 mil personas que supuestamente se beneficiaban de la tarifa de la dignidad.
Cabe recordar que subiste un abultado déficit tarifario -por la diferencia entre el costo al que se compra la energía y el que se la vende al público-, que bordeó los $928 millones a diciembre de 2007.
Al mismo tiempo, el mandato dispone regresar a cero las deudas que mantienen los actores eléctricos. El cruce de cuentas supera los $1 000 millones. Este monto deberá compensarse con una condonación de las deudas que las generadoras de energía tienen con Petrocomercial; y a su vez las generadoras tendrán que condonar las deudas de las distribuidoras, la mayoría ineficientes. Aunque el pretexto para esta irregular decisión fuera el de sanear, como dicen, las cuentas existentes entre empresas del Estado, el procedimiento es injusto al poner en el mismo canasto a todas las compañías que tienen distinto comportamiento de pago; y con Petrocomercial, que deberá asumir el costo de este saneamiento.
Tremendo perjuicio para todo el país, cuyos 13 millones de habitantes no pueden ser víctimas de manipulaciones innecesarias e inmorales solo para ganar votos en su desesperada carrera por el "Sí".
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