Hace año y medio que el Estatuto de Castilla-La Mancha espera su tramitación en el Congreso. Llegó en la pasada legislatura, pero fue trasladado a la actual porque se encontraban ya en tramitación las reformas de Canarias y de Castilla y León y la Comisión Constitucional, en la que se tramitan estos y otros proyectos, se encontraba colapsada de trabajo por otros asuntos.
El Congreso suele reservar su primera sesión plenaria de cada mes para debatir estas reformas estatutarias pero hoy la Junta de Portavoces de la Cámara Baja ha decidido no incluir el texto castellanomanchego en la sesión de la próxima semana, según confirman a Europa Press fuentes parlamentarias. El Estatuto podría incluirse en el Pleno del día 16 de setiembre, pero no se descarta que finalmente se posponga hasta el primer pleno del mes siguiente, previsto para el día 14 de octubre.
El proyecto estatutario suma 170 artículos en los que Castilla-La Mancha se define como Comunidad Autónoma no por su pasado ni por sus "peculiaridades históricas" sino en virtud de la Constitución de 1978 y manifiesta su contribución "con absoluta lealtad, solidaridad y sentido de la unidad al desarrollo autonómico, libre y democrático de España".
Sin embargo, el punto que más atención concentra es una disposición transitoria, la primera, en la que se establece que el Estado y la Comunidad Autónoma "velarán" para que el volumen de agua que se trasvasa de la cuenca del Tajo a la del Segura vaya disminuyendo, "hasta su definitiva extinción", que "en todo caso se producirá en 2015".
PSOE y PP aprobaron juntos esta redacción en las Cortes de Castilla-La Mancha y provocaron el rechazo de sus propios compañeros en la Comunidad Valenciana y en Murcia. El PP de esta segunda Región incluso ha dejado claro que recurrirá el Estatuto de sus vecinos si se aprueba con la actual redacción.
El PSOE anuncia cambios
En una reciente entrevista con Europa Press, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, ya avisó de que las Cortes "corregirán" ese artículo que pone fecha de caducidad al trasvase.
A su juicio, "no hay que escandalizarse" por que el Grupo Socialista en el Congreso contradiga a la delegación parlamentaria en Castilla-La Mancha porque ésta es "la práctica normal" y "ya ha ocurrido en casi todos los estatutos". "Nosotros hemos negociado con nuestras propias delegaciones parlamentarias de Andalucía, Castilla y León, Valencia y Cataluña", agregó.
Junto a Castilla-La Mancha, también Asturias, Extremadura, Murcia, La Rioja, Canarias y Cantabria, prevén ver reformados sus respectivos estatutos de autonomía durante la nueva legislatura y seguir el camino de otras seis comunidades en el pasado curso político.
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