La presión que algunas administraciones autonómicas están ejerciendo sobre la competencia superior del enfáticamente apellidado Gobierno de España, está manifestando un grave desbarajuste territorial. Los síntomas más evidentes están en el chantaje con que unos órganos regionales apoyan sus pretensiones con amenazas sobre la futura aprobación del Presupuesto General del Estado. Pretensiones, también, de imponer sobre la norma constitucional los contenidos del recurrido estatuto catalán o del referéndum inconstitucional inventado por el lehendakari Ibarretxe como precio de apoyos imprescindibles para mantener una apariencia de mayoría parlamentaria.
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Las dificultades para sacar adelante un presupuesto basado en criterios de interés general demuestran algo más que la debilidad coyuntural de un gobierno. Ponen de manifiesto una degeneración que el concepto de Estado común al que se intenta convertir en una trama anárquica de relaciones bilaterales desiguales. La responsabilidad de un gobierno que ha llegado a tal punto sería lamentable en cualquier momento pero tiene un carácter tétrico cuando una crisis socioeconómica como la que vivimos exige una capacidad de respuesta coordinada de todas las energías nacionales.
Siempre es deseable un equilibrio territorial que garantice la solidaridad y la igualdad para que el Estado pueda ejercer las funciones que le atribuye la Constitución. Pero en la actualidad la solidaridad y la igualdad que debe mantener el Presupuesto General del Estado no es simplemente una hipótesis deseable. El próximo presupuesto no puede concebirse como un presupuesto cualquiera sino como un presupuesto de emergencia planificado para afrontar una situación crítica y no como el resultado de un toma y daca de forcejeos entre egoísmos locales. El futuro presupuesto es un instrumento con el que el gobierno tiene que afrontar su capacidad frente a una crisis económica y no la consecuencia de una estrategia para subsistir como tal gobierno. O el gobierno es capaz de atajar un proceso generativo del Estado o no merece el nombre de tal gobierno. Para superar este proceso degenerativo, el gobierno tendría que contar con la ayuda mayoritaria de todas las fuerzas con un concepto de estado fiable. El dilema es entenderse, por mal que le pese, con la oposición mayoritaria o deslizarse en el proceso degenerativo del estado hasta grados peligroso.