El Gobierno español pide extradición a miembros de las Juntas Militares

Madrid (EFE).- El Gobierno español dio curso hoy a la demanda de extradición de 40 miembros de las Juntas Militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 y de colaboradores suyos, procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Entre los reclamados figuran Emilio Eduardo Massera y Jorge Rafael Videla.
Varios de los reclamados habían sido detenidos en Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional dictada por el juez de la Audiencia Nacional de Madrid Baltasar Garzón.

Tras la detención, Garzón envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición, pero el 29 de agosto de 2003 el Gobierno español formado entonces por el conservador Partido Popular decidió no continuar el procedimiento, que fue luego reactivado por el Tribunal Supremo tras un recurso de la familia de uno de los desaparecidos.

El Tribunal Supremo español consideró que se debía dar curso al proceso de extradición pese a que en Argentina, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, esas personas también han sido procesadas.

La decisión del Tribunal Supremo español fue anunciada el 22 de julio de 2005 y con ella se anuló la adoptada en 2003 por el Gobierno español de no pedir a Argentina la extradición de 39 ex militares y un civil reclamados por Garzón.

En su sentencia, el alto tribunal entendía que la decisión adoptada por el Gobierno español en el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 "no fue conforme a Derecho".

El Supremo aceptó de esa manera los recursos interpuestos contra aquella decisión gubernamental por los grupos políticos Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña y por Graciela Palacios de Lois, esposa de un español que estuvo detenido en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) y presuntamente fue lanzado al mar en uno de los llamados "vuelos de la muerte", en 1976.

Las personas reclamadas son: Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Domingo Rubens, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Arturo Ignacio Lami, Jorge Olivera, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Luis María Mendía, Jorge Enrique Perren, Alfredo Astiz, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Antonio Pernias y Pablo Eduardo García Velazco.

También están Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevilla, Julio César Coronel, Ernesto Frimon, Juan Antonio Azic, Albino Mario Alberto Zimmerman, Roberto Heriberto Albornoz, Augusto Leonardo Neme, Héctor Mario Schwab, Carlos Eduardo Daviou, Carlos José Pazo, Gonzalo Dalma, Luis Ricardo Rizo, Alberto Luis Cattaneo, Fernando Humberto Santiago, Luis Santiago Martella, y Juan Orlando Rolon.

Se pide asimismo la extradición, también por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, de Héctor Antonio Febres, Juan Carlos Rolon, Rubén Óscar Franco, José Eduardo Acosta, José Antonio Vaquero, Luciano Adolfo Jáuregui y Carlos Guillermo Suárez Masón.

Todos fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999, que entonces emitió un auto en el que se afirmaba que los militares que derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión.

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, aprovecharon "la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas" y prepararon en ellas hasta 340 centros clandestinos de detención "que acogerán a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se prevé".

La infraestructura se montó para cumplir "el plan trazado de construir una 'Nueva Argentina' purificada de la "contaminación subversiva y atea" y, simultáneamente, dar la sensación de que la violencia en las calles había desaparecido, por el accionar antisubversivo del Ejército, ocultando la realidad a la comunidad internacional".

Garzón sostenía que en Argentina se vivió "una realidad atroz, reflejada en la práctica sistemática de la tortura, el exterminio generalizado, los enterramientos en fosas comunes, los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves -conocidos como "vuelos de la muerte"-; las cremaciones de cuerpos".

Se refería asimismo a "los abusos sexuales y los secuestros de entre 20.000 y 30.000 personas -entre las que se hallan casi 600 españoles y descendientes de españoles-, el saqueo de bienes y la sustracción y consecuente desaparición de varios cientos de recién nacidos, que según algunos estudios ascienden a más de 500".