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La renta básica universal, una utopía carísima

miércoles 31 de mayo de 2017, 12:59h

La Renta Básica Incondicional (RBI), también llamada Renta Básica Universal, Ingreso Ciudadano, Universal Demogrant o Basic Income, es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Los partidarios de este tipo de renta, son por lo general, partidos de izquierda que temen a la robotización, como en España el PSOE de Pedro Sánchez o Podemos de Pablo Iglesias, catastrofistas incapaces de concebir que se pueden crear nuevas formas de empleo, que antes no lo eran y que la globalización y el progreso tecnológico ha hecho necesarios. Véase como ha aumentado el empleo cualificado para trabajadores que usan internet, que se han hecho imprescindibles en todos los campos de actividad. Esta Renta mataría también la incentivación a trabajar y a progresar económicamente a los ciudadanos de nuestro país, en el fondo aunque evita la pobreza absoluta, es una forma de estimular la vagancia y el desinterés por los estudios para un futuro más próspero. Este el ideal estatalista, socialdemócrata y marxista de una sociedad de todos iguales, como si las URSS no hubieran fracasado ya en la implantación del marxismo leninismo.

El economista jefe del servicio de Estudios del BBVA, Rafael Doménech, considera que nuestro país "todavía tiene muchos márgenes de mejora para aumentar el empleo, la renta y la equidad antes de plantear" la medida que defenderá el nuevo Secretario General de los socialistas en el Congreso Federal dentro de tres semanas. Doménech tiene claro que la renta básica traería algunas ventajas. Por ejemplo: eliminaría el riesgo de pobreza absoluta, daría una respuesta adecuada a los problemas de desempleo como pienso yo, e incentivaría según él la educación, en lo que se equivoca ampliamente en mi opinión. Sin embargo, para el responsable de la entidad con sede en Las Tablas los inconvenientes de una RBU serían muy superiores. Empezando por su coste. Para ello se fija en la propuesta de los economistas de Red Renta Básica, Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens. La Renta Básica sustituiría a las prestaciones y subsidios que equivalen a unos 92.000 millones de euros (2010). La RBU tendría un coste de 279.000 millones teniendo en cuenta que los más de 43 millones de españoles recibirían 7.471 euros por año los adultos y 1.492 euros al año por menor de edad. La diferencia entre ambos costes daría el coste neto de la Renta Básica: 187.000 millones euros al año, lo que equivale a un 17,4% del PIB.

La renta básica, por tanto, implicaría que habría que recaudar cuatro veces más como mínimo si el aumento del gasto recayera sobre el IRPF. Es decir, si se implantara cada español pasaría a tributar un tipo único casi del 49% frente al tipo medio del 18% de 2010. A cambio todos los ciudadanos obtendrían la renta básica universal, por lo que unos ganarían (lo que recibieran más de lo que pagan) y otros perderían (aquellos que contribuyeran con impuestos más elevados por encima de lo que recibieran como Renta Básica). Para financiar una renta básica universal también habría que aumentar la presión fiscal, lo que tendría efectos inmediatos sobre el PIB que tendría un incremento del 1% de la presión impositiva (fuente: Boscá, Doménech y Ferri (2013)).

Lo que concluye Rafael Doménech es que la RBU no es la solución a los problemas de empleo. Considera que el Estado del Bienestar español aún tiene importantes márgenes de mejora en conceptos como la igualdad de oportunidades, la calidad del empleo, la formación o los complementos salariales (en los Presupuestos de 2017 hay recogido un complemento salarial para jóvenes menores de 30 años; queda por ver en qué cifra se concreta, pero ya se ha barajado que sea de una ayuda cercana a los 300 euros). Estas medidas, añade Doménech, aumentarían la renta per cápita y la equidad. Con ello estaría yo de acuerdo.

Qué pasaría en 4 países europeos si la renta básica se implantase según el análisis de los expertos de la OCDE, que han establecido cuatro posibles escenarios de futuro en Reino Unido, Italia, Finlandia y Francia, es imposible implantar un problema de estas características sin una reforma fiscal sustancial con nuevos impuestos. De lo contrario, si la renta se financiase únicamente con el presupuesto actual destinado a ayudas sociales, tendría un efecto tremendamente negativo entre las capas más bajas de la sociedad La primera conclusión del informe es que una mera redistribución económica sin nuevos impuestos perjudicaría a los sectores más desfavorecidos de la población, aunque pudiese beneficiar a las familias con ingresos medios: “Sin más impuestos, una renta básica sin impacto en el presupuesto estaría muy lejos de erradicar la pobreza, y una renta básica que alcanzase el umbral de la pobreza sería muy cara”. Los individuos que, por ejemplo, dependan de las prestaciones por cuestión de discapacidad “saldrían perdiendo aún más en un sistema de renta garantizada. Italia y Finlandia, si la renta garantizada alcanzase el nivel del ingreso mínimo vital, podrían llegar a ahorrarse dinero ¿Cuáles son, por lo tanto, las alternativas? Por una parte, compaginar esta renta con la pervivencia de determinados subsidios, lo cual contradice el punto de partida de muchos defensores de la RBI, que consideran que debería llevar asociada la desaparición de las ayudas sociales, con un consiguiente ahorro en la gestión y la eliminación de su compleja burocracia. Por otra, el informe sugiere, en línea con Santens, crear nuevos impuestos asociados a la renta y acabar con las exenciones fiscales de los más ricos, que dejarían de tener sentido. Eso siempre y cuando se promoviesen nuevos impuestos y se aboliesen las exenciones fiscales. La situación sería muy diferente en Reino Unido, donde un programa así superaría con mucho el dinero actualmente destinado a programas de ayuda”. ¿Quién saldría perdiendo? Por lo general, los que peor lo tendrían serían los prejubilados de entre 55 y 65 años (especialmente en Francia e Italia), así como muchos de los parados que perciben prestación por desempleo. También los hogares con menos ingresos. Es decir, el C.A.O.S. No revolucionemos el cotarro, porque podemos salir trasquilados.

Bernardo Rabassa

Presidente de clubs y fundaciones liberales. Miembro asociado de Alianza Liberal Europea (ALDE). Premio 1812 (2008). Premio Ciudadano Europeo 2013. Medalla al Mérito Cultural 2015. Psicólogo social. Embajador de Tabarnia.

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