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Cambien la Ley Electoral

miércoles 07 de septiembre de 2016, 07:59h

Aunque pase desapercibido, existe otro factor que determina el bloqueo político que padecemos: la Ley Electoral vigente prima, descaradamente, la representación parlamentaria de las minorías nacionalistas. Aquellos que redactaron el citado ordenamiento jurídico, con la mejor de las intenciones, pretendían otorgar al nacionalismo emergente un espacio amplio y cómodo en las instituciones legislativas del Estado y resolver, de paso, las tensiones territoriales que España arrastraba desde finales del Siglo XIX. Al margen de los resultados que obtuvieran en cada confrontación electoral, la legislación propiciaba que convergentes y peneuvistas engordaran sus grupos en el Congreso con un suplemento decisivo de diputados. Mientras se acotaba la fuerza de las organizaciones que se disputaban un espacio determinado con los partidos mayoritarios, estrategia que afectó sobre todo al Partido Comunista y al Partido Socialista Popular de Enrique Tierno, el número de representantes de las formaciones vascas y catalanas no se correspondían con el porcentaje de sufragios que lograban a nivel nacional. Desde entonces, los partidos nacionalistas han desempeñado un papel decisivo en la gobernabilidad del Estado.

Cuando se les requería para apañar una mayoría suficiente en el Congreso, ya fuera el candidato socialista o el popular, los nacionalistas prestaban su apoyo sin demasiados complejos. El truco consistía en travestirse de centro izquierda o de centro derecha, adaptándose así a la posición ideológica del demandante de ayuda. Los donantes puntuales de tales apoyos conseguían a cambio cuotas formidables de autogobierno en sus Comunidades Autónomas. En esos casos y, según la coyuntura del momento, cada alianza se aparejaba con un debilitamiento irresponsable de las estructuras fundamentales del Estado. En estos momentos, transformado el nacionalismo catalán moderado en soberanismo irredento, sus dirigentes no quieren intercambios políticos con los partidos constitucionalistas, por muy beneficiosos que puedan resultarles. Se limitan a exigir como contrapartida la secesión de Cataluña. Han convertido la negociación en chantaje y cualquier pacto con ellos es imposible.

Aquellos que apadrinaron y sustentaron sucesivos acuerdos de estabilidad sin importar el color, ahora bloquean la formación de un nuevo gobierno. Confundiendo, como es habitual en él, sus planteamientos independentistas con el sentir de todos los catalanes, el portavoz de la antigua Convergencia Pujolista aprovechó la fallida investidura de Pedro Sánchez para proclamar la siguiente conclusión: “si no fuera por la cuestión catalana, ya habría gobierno”. Analizada la sentencia yo me atrevo a corregirle. En realidad quería decir lo siguiente: si ustedes vulneran la Constitución y acaban con la legalidad democrática, nosotros votaríamos a la coalición que cometiera tamaña felonía. Y así estamos todos, dependiendo de la voluntad de partidos cuya representación no deriva de su fuerza real. Sumados los diputados de Esquerra Republicana con los que tiene el partido de Francesc Homs, el monto total alcanza los 17 escaños. Reunidos los sufragios de ambas candidaturas, la cifra apenas supera el millón de votos: el 4,63% de las papeletas escrutadas en toda España. Si aplicáramos ese mismo baremo a Ciudadanos, por ponerles un ejemplo, el partido de Rivera sentaría en el Congreso a más de 50 representantes.

La sobredimensión selectiva del nacionalismo es insostenible. Visto lo visto, a pesar de los buenos propósitos de aquella Cortes Constituyentes de la Transición Democrática, no se han logrados los objetivos pretendidos. Hay que modificar la Ley Electoral de inmediato. La soberanía nacional es única y no se debe dividir en porciones desiguales.

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