Los abuelos y el cuento de Caperucita Roja

Una de las manías de los supuestos progresistas es el sueño de romper con la historia tergiversando la labor de sus abuelos o de sus bisabuelos. Como los difuntos se resisten, componen leyes para castigar la memoria y forzar el relato en vez de ocuparse de asuntos de mayor urgencia en tiempos de guerra y carestía. Prefieren tocar infantilmente la matraca de la década 30-40 del pasado siglo XX que los desafíos del presente.

Hace medio siglo había rupturistas que soñaban con quebrantar la tranquilidad de España porque no se amoldaba a sus utopías. También había aperturistas que proponían cambiar pacíficamente de modelo político. Triunfaron los aperturistas, pero no porque estuviesen ungidos por el dedo de Júpiter sino porque aceptaron lo que sentía la inmensa mayoría de los españoles. En su día, los rupturistas de solera, comunistas, socialistas o separatistas, comprendieron la realidad sociológica que había que tener en cuenta y decidieron, inteligentemente, no violentar el curso natural de la historia de una nación recompuesta y una monarquía restaurada.

Aquellos abuelos sabían que el artífice de la mecánica legal de la Transición era Torcuato Fernández Miranda, anteriormente ministro y secretario general del Movimiento y después presidente de las Cortes Orgánicas de modelo franquista. También sabía que el factor operativo era Adolfo Suarez, anteriormente secretario general del Movimiento y luego presidente del Gobierno propuesto por el Consejo del Reino del régimen anterior. Pero también sabían que sus intenciones eran homologar la política española a las fórmulas democráticas de las demás naciones de la, entonces, Comunidad Europea. Aquellas personas procedían de donde procedían porque era la estrecha parcela disponible donde se mantenía practicable la actividad política. Hay que subrayar que quienes los colocaron en sus cargos eran conscientes de cuál era su talante y su talento porque jamás existió ningún proyecto serio de prolongar indefinidamente una situación excepcional.

Aquellas personas promulgaron la Ley para la Reforma Política como la última de las llamadas Leyes Fundamentales del Reino que hizo posible la celebración de unas elecciones libres a las que concurrieron los partidos políticos de todas las tendencias que aceptaron que se abría el marco idóneo para su actividad. La participación de todos ellos —comunistas, socialistas y separatistas— fue lo que confirmó en la práctica la idoneidad de aquella ley asumida por todos.

Adolfo Suarez, instalado en la presidencia por un procedimiento ya desfasado, decidió participar en las elecciones libres para consolidar su legitimidad como engranaje del cambio. Para ello debió crear, desde el Gobierno, un partido de centro, UCD, en el que le acompañaron numerosas personas notables y de buena voluntad que tendrían como objetivo captar la atención de una mayoría social, sin extremismos ni nostalgias. Tuvo el éxito merecido ya que, votándole, se votaba una Transición para todos. Después se llevó adelante el proyecto constitucional de 1978 que sería aprobado por las Cortes libremente elegidas conforme a la Ley de la Reforma Política y, después, ratificado en referéndum por una abrumadora mayoría de españoles.

Coronada legalmente la Transición con la Constitución de 1978, felizmente vigente, y con la dimisión de Adolfo Suarez, España entró sin ataduras con el pasado en el ciclo democrático en que vivimos. Pero la sombra de un aperturismo que pudiera tacharse de oficialista no podía resistir los avatares de una nueva dialéctica totalmente abierta en la que no se valoraban los servicios prestados para el cambio sino los apoyos populares efectivos en cada periodo electoral. En este camino es necesario valorar la labor extragubernamental de Manuel Fraga Iribarne, uno de los nombres decisivos de la Transición, no porque haya sido uno de los padres de la Constitución retratados en una sala del Congreso de los Diputados, sino porque desde momentos muy anteriores emprendió la creación de un partido político desde la calle que se llamaría inicialmente “Reforma Democrática” para distinguirse de un simple aperturismo. Su trabajo denodado pueblo a pueblo, con aciertos y errores, cambio de nombre —Alianza Popular— y de gestores y lo renovó hasta poder catapultar al joven José María Aznar para sucederlo “sin tutelas ni tutías” en el Partido Popular que ocupó la Presidencia del Gobierno durante varios mandatos. Asumió los principios centristas de UCD y gran parte de sus cuadros y mantuvo, desde Galicia, una estabilidad basada en sus mayorías absolutas en aquel territorio que sería heredada por Alberto Núñez Feijóo, trasladado hoy de Galicia a Madrid con las perspectivas a su favor para ocupar la Presidencia del Gobierno cuando se celebren unas ya deseadas Elecciones Generales.

Esto quiere decir que la continuidad constitucional de España no está en revisión por mucho que se empeñen estos rupturistas infantiles que parecen empecinados en romper con sus abuelos o bisabuelos. En España no hay improvisaciones populistas ni personalistas a derecha ni a izquierda, como en otros países europeos y americanos. España es mejor porque España es previsible. La gran mayoría de españoles moderados no están huérfanos ni dispuestos a otorgar el monopolio de la política a los partidos enraizados en el izquierdismo histórico o el nacionalismo desintegrador porque el impulso político de Fraga puso en órbita a un gran partido del centro-derecha europeo con ambición de capacidad de Gobierno. Existe un bipartidismo táctico que sigue operativo, porque no se trata de uniformar la sociedad en dos grandes partidos únicos sino en establecer la dualidad entre dos opciones de Gobierno: el Partido Popular y todo lo que pueda acompañarle en el centro y derecha y el Partido Socialista y cuanto pueda acompañarle en la izquierda. Es una realidad hoy por hoy irreversible, aunque coyunturalmente el centro-derecha goce de mejores perspectivas por mejor coherencia de su idea de nación, su política internacional europeísta y otanista y su economía de mercado libre. En frente, en estos momentos, está el disparatado monstruo a quien el ingenio español tituló Frankenstein que incorpora comunistas, enemigos de la unidad del Estado y tercermundistas. El juego de contrapesos es el que es y hace imprescindible el equilibrio vigente porque el centro-derecha está conformado seriamente y hace frente a un monopolio de la izquierda. Ni se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial ni tocar la Constitución sin contar con el pueblo, que no es “la gente” de que se rodean algunos para solo escucharse a sí mismos. Un frente popular exterminador, como fue el fracaso republicano, es inconcebible para la inmensa mayoría de los españoles de buena voluntad.

Los populismos revolucionarios caminan hacia la irrelevancia demoscópica por su dispersión y los separatismos racistas o lingüísticos decaen en una sociedad mestiza de trabajadores e inmigrantes que se agrupan donde surgen mejores condiciones de trabajo y no fantasías medievales. España está vertebrada popularmente dentro de su cauce constitucional sin que se desborde la corriente y los revisionistas del trabajo básico de sus abuelos o bisabuelos pintan poco ante el pueblo soberano. Por muchos cuentos de Caperucita Roja que se repitan en televisiones o enseñen en las escuelas, la historia es irreversible.