El intento del Tribunal Constitucional español (TC) de frenar a los jueces que acuden al tribunal europeo en plena polémica por el caso de los ERE me parece sintomático.
Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, está dando pruebas permanentes a quien propició su nombramiento al frente del alto Tribunal de ser un verdadero campeón en lo que al retorcimiento de la ley se refiere.
Ya dio cummplida cuenta de esas habilidades cuando en 2006 asumió la Fiscalía General del Estado con la aquiescencia de José Luis Rodríguez Zapatero al que facilitó la iniciación de las conversaciones con la banda terrorista ETA evidenciando así su proclamada disposición a "manchar la toga con el polvo del camino".
Bien sabía entonces que aquellos lodos bien podrían propiciar -como así ha sido de hecho-, su ascenso a la presidencia del TC bajo el gobierno de Pedro Sánchez.
Hablo ahora de la decisión de la Audiencia de Sevilla de presentar un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mostrando su disconformidad con la sentencia del TC en virtud de la cual no sólo se anulaba la dictada por la propia Audiencia andaluza sino también la del Tribunal Supremo (TS), que dejaba en agua de borrajas la sentencia condenatoria a varios dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por el escándalo de corrupción que supuso el desvío de casi 1000 millones de euros por el caso de los ERE.
Pues bien, la Audiencia sevillana, haciendo uso de un derecho reconocido en la legislación europea, recurrirá ante el TJUE propiciando así no sólo que el tribunal europeo afée la conducta del TC sino que, incluso, pueda concluir en que esa sentencia no se ajuste al derecho europeo.
Esta decisión no ha gustado nada a don Cándido , que ya ha puesto en marcha la maquinaria judicial correspondiente (informes, consultas, llamadas, sugerencias….), para intimidar a la Audiencia sevillana a ver si así reconsidera su valiente postura. Ya veremos en qué queda el asunto pero, por el momento, los togados sevillanos van a seguir adelante contra lo que algunos magistrados españoles ya consideran como una "deriva autoritaria" del Tribunal Constitucional, ya que, a su juicio, los jueces españoles pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como fórmula legal para garantizar la primacía del derecho comunitario frente a los derechos particulares de los estados que la integran.
A eso hay que sumarle la -digámoslo así-, advertencia pública del TS de apelar también a Estrasburgo si el órgano que controla Conde-Pumpido ampara la amnistía a los golpistas catalanes, aprobada por el presidente Sánchez que no dudó en su concesión a pesar de que el Supremo consideró a posteriori que no cabía en la Constitución.
A este paso Conde-Pumpido , a quienes sus compañeros consideraban un reputado jurista, va a echar por tierra su prestigio en su afán por "servir a su señor", sin reparar en que hay decisiones que más que rozar la legalidad, la vulneran abiertamente.
Y si el presidente del TC piensa que no es así, ¿qué problema tiene en que el TJUE revise estas y otras posibles cuestiones ¿Si tan seguro está de lo que hace, mucho mejor para el TC que así vería reforzada su postura.
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