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Prisión incondicional para Ignacio González
(Foto: EP)

Prisión incondicional para Ignacio González

> Cobró una comisión de 1,4 millones de OHL y desvió fondos regionales para el PP de Madrid

Por MDO
viernes 21 de abril de 2017, 21:40h
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó anoche prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su implicación en la presunta trama de corrupción destapada en el Canal de Isabel II.

El magistrado atendió la petición del fiscal después de escuchar durante casi tres horas a González, quien negó las acusaciones y defendió que siempre había actuado dentro de la legalidad. El juez tomó la misma medida para Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la empresa filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, considerado el hombre de confianza de González.

Para el hermano de Ignacio González, Pablo González, exdirigente de Mercasa, Velasco dictó prisión eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros y para su cuñado Juan José Caballero, prisión bajo fianza de 100.00 euros. En el caso del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, al igual que con el consejero de OHL Javier López Madrid, decretó su libertad bajo una fianza de 100.000 euros, que deberán pagar antes de las 12.00 horas del 28 de abril. De los siete arrestados quedó en libertad, y sólo con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez.

El jueves, Velasco había ordenado el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el e xgerente del Canal Adrián Martín.

El magistrado acusa a la trama de desviar 23,3 millones

El juez investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. En concreto, el magistrado acusa a la trama de un desvío de al menos 23,3 millones de euros de las arcas públicas madrileñas, un desfalco provocado en la compra por parte del Canal de la empresa brasileña Emissao. En el auto de prisión de los dos investigados el jueves, el juez relata que se llevó a cabo "con el pago de comisiones prohibidas" y sin atender a los informes de los técnicos. Este dinero se destinó a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad respecto a los titulares reales".

Por otro lado, el juez Velasco sospecha que González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP madrileño. Asimismo, fuentes jurídicas, citadas por estas agencias, han señalado que entre los indicios delictivos que el magistrado atribuye al ex presidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid.

Por otro lado, PSOE y Podemos anunciaron ayer que se personarán en el procedimiento como acusación popular. Ambos partidos, además, exigieron que sea destituido de su cargo el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. EL MUNDO informa que Moix condicionó algunos registros a no acusar del delito de organización criminal a Ignacio González.

La Fiscalía General del Estado hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que "es falso" que Moix "haya intentado obstaculizar la investigación". Por parte del Gobierno, su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, pidió "un esfuerzo por guardar la calma" y actuar con "responsabilidad". "No es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español porque funciona y porque el Estado de Derecho es una garantía de la democracia", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, defendió a la Fiscalía y se negó a valorar la polémica por su actuación, a la que se refirió como simples "dimes y diretes".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló ayer, durante su discurso de inauguración del congreso de Nuevas Generaciones, al "orgullo" de ser del PP y llamó a todos sus afiliados a preservar la unidad y no generar divisiones, y volvió a hacer una férrea defensa de la actividad política, que, dijo, "merece la pena". Rajoy subrayó que los populares creen en el Estado de Derecho y en el "sometimiento de todos a la ley y a los tribunales de justicia, tomen las decisiones que tomen".

Mientras, LA RAZÓN destaca que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negó ante el juez haber sido coaccionada por el diario. Una versión en la que, según LA RAZÓN, habrían coincidido su directora de gabinete y el consejero de Presidencia.

En otro orden de cosas, EL ECONOMISTA resalta que "Rajoy teme que los últimos casos de corrupción afecten a los Presupuestos". De igual modo, EL MUNDO señala que "el Gobierno dice ahora no tener certeza de aprobar los Presupuestos".

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