El Tribunal Constitucional fijó este jueves multas coercitivas de hasta 12.000 para los 5 miembros de la Sindicatura Electoral Catalana, órgano creado por el Parlament como junta electoral de cara al referéndum soberanista del 1-O. Ante la imposición de estas sanciones, el Govern de Carles Puigdemont ha decidido suspender la Sindicatura Electoral Catalana, así como cesar al 'número 2' de Oriol Junqueras, Josep María Jové, que fue detenido junto a otros 13 cargos de la Generalitat por su vinculación con la consulta.
Después de que este viernes quedarán en libertad todos los detenidos por el referéndum del 1-O, el Govern ha decidido tratar de proteger a los suyos de las sanciones anunciadas por el Tribunal Constitucional. Si bien no puede cesar a los miembros de la Sindicatura Electoral, ya que se trata de un órgano creado por el Parlament, se ha procedido al cese de Josep María Jové, y se ha pedido a los miembros de la Sindicatura que renuncien y cedan el relevo a organismos internacionales.
El portavoz del Govern, Jordi Turull ha anunciado el cese de Josep María Jové, el 'número dos' de Junqueras, para tratar de evitar la multa de 12.000 euros diarios que le impuso el TC por ser uno de los organizadores del referéndum. "O te autoinculpas o multa cada día de miles de euros. Esto es un despropósito absoluto, y por eso, el Govern entiende que la mejor forma de proteger a esta persona (Jové) es ordenar su cese". Sin embargo, según informa Europa Press, el Tribunal Constitucional habría advertido que el cese de Jové no supone la anulación de las multas fijadas.
Tras esta decisión, el Govern ha pedido a los miembros de la Sindicatura Electoral que "cedan el relevo a organismos académicos e internacionales para garantizar el 1-O", reza el tuit publicado por la Agencia ACN, que ha sido retuiteado por la cuenta oficial el Ejecutivo catalán:
Según la información publicada por 'eldiario.es', los 22 síndicos electorales del 1-O habrían presentado su renuncia en la tarde de este viernes ante el Tribunal Constitucional, que anunció multas de 12.000 euros diarios para quienes suplantaran a las juntas electorales que organizan los procesos de votación. Según esta información, los síndicos habrían seguido las instrucciones de Puigdemont para tratar de evitar estas sanciones.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reiterado que "hará cumplir las leyes" y que no se celebrará el referéndum. "Mientras otros están en la ilegalidad permanente, el Gobierno está en la legalidad, pero nadie puede estar por encima o al margen de las leyes". El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo ha recordado que "quien vulnera la ley, se debe enfrentar a sus consecuencias".
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