Más allá de otras acciones y posibilidades contra el referéndum ilegal de Cataluña, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno podría estar meditando una medida más inmediata y que sería aplicable el mismo día 1 de octubre. Se trata de una acción más dura y que no encajaría a la perfección con la intencionalidad de evitar medidas que puedan ser violentas o que provoquen disturbios entre la sociedad catalana.
Se refirió a ella ayer el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien sugirió que respaldará al Gobierno si finalmente llega a tomar la decisión extrema de retirada de las urnas que se coloquen ese domingo en las calles. "Ante un hecho ilegal el Estado tiene que garantizar la legalidad y ahí me voy a quedar", dijo. Algo que, como es sabido, no ocurrió en el caso de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, ya que se tomó como una consulta no vinculante que, aunque ilegal, no suponía un riesgo para el orden constitucional.
El problema sería ver qué cuerpo policial sería el encargado de retirar las urnas. Como se ha venido diciendo, esa competencia recaería en el cuerpo autonómico policial de los Mossos d'Esquadra, controlada por la Generalitat, con lo que podría haber un claro choque de competencias y poderes. En caso de que los Mossos se abstuvieran de ejecutar la orden, la Policía Nacional o la Guardia Civil se verían inmersas en la controvertida medida, provocando un peligroso encontronazo de cuerpos policiales.
Por otra parte, lo que dice la Constitución en el tan manido artículo 155 de la Constitución, es lo siguiente: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". De esta manera, el Senado, controlado con mayoría absoluta por el PP, no tendría problemas en tomar tal decisión, apoyada por algunos sectores más radicales del partido.
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