Altos cargos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado las declaraciones de bienes patrimoniales de altos cargos desde el 1 de julio de 2014 al 26 de junio de 2018. El documento, de 715 páginas, contienen unas 1.500 declaraciones de más de 1.000 cargos, entre los que se encuentran los miembros de los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, embajadores, directores generales, delegados del Gobierno o secretarios de Estado. Mientras Rajoy declara un patrimonio de 1.606.171 euros, sin deudas, la declaración de Sánchez muestra un total de activos por valor de 342.990 euros y una deuda de 192.027 euros.

Con la llegada de Pedro Sánchez ha Moncloa, se han producido cambios en diferentes altos cargos que son designados por el Gobierno. Algunos de estos nombramientos, como el del presidente del CIS, José Félix Tezanos, han desatado cierta polémica, especialmente en las filas 'populares', que aún no han cerrado la herida abierta con la moción de censura. Tanto es así, que desde el PP consideran que "muchos de los nombramientos del Gobierno de Sánchez no tienen la capacitación, cualificación ni experiencia necesarias para desempeñar esas responsabilidades", y por ello han solicitado la comparecencia en el Senado de hasta 14 nuevos cargos, entre los que se encuentran Tezanos, el nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el presidente de Paradores, Óscar López, la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera y el presidente de Enusa, José Vicente Berlanga.

RTVE ha justificando los sobresueldos opacos de la dirección de informativos de la televisión pública. Según el ente público, estos "complementos retributivos" están amparados por la normativa vigente y se justifican en los éxitos de audiencia.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado una serie de "indicaciones"para los altos cargos del secto público destinadas a recortar gastos. Entre las recomendaciones, se encuentran la de viajar en turista cuando vayan en avión o la de utilizar el transporte público para la mayor parte de sus desplazamientos.

Los adjudicatarios de los contratos públicos, así como los colegios profesionales, estarán también sometidos a la Ley de Transparencia, según ha decidido el Gobierno tras analizar las aportaciones hechas por ciudadanos, administraciones y otras organizaciones al texto del anteproyecto. Cuando sean cesados, también dejarán de recibir las pensiones indemnizatorias y deberán restituir las cantidades indebidamente percibidas.

- La primera Ley 2.0: la Ley de Transparencia llega con incorporaciones ciudadanas

ETA ya ha dejado de ser una 'amenaza real' y, por lo tanto, no tiene sentido mantener el actual nivel de escoltas. Partiendo de esta premisa, el Ministerio del Interior recoge en la explicación de sus partidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 la "reducción de los servicios de protección o escolta", una medida que ya ha generado tumulto entre jueces y fiscales, pero también entre determinados altos cargos que no quieren que les quiten el "chollo".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a 10 altos cargos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre ellos a José Ramón Julio Márquez, 'Ramoncín', para que comparezcan el próximo mayo en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la entidad.

Los altos cargos a los que se aplicará la futura Ley de Transparencia no podrán aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Además, si cometen infracciones en la gestión económico-presupuestaria, deberán restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" e indemnizar a la Hacienda Pública.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha concluido que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por estos hechos, concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas". 

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado en una reunión este miércoles una reducción del 10 por ciento del número de directivos de la corporación y un plan de reducción de sueldos proporcional a los salarios, que incluiría tanto a la cúpula directiva como a los presentadores más famosos de la pública, según han informado a Europa Press fuentes del consejo.

Ha sido un Consejo de Ministros, el segundo presidido por Rajoy, prolífico en nombramiento de altos cargos, sobre todo en los segundos niveles de las Administraciones Públicas. He aquí todos los nombramientos, con sus correspondientes biografías.

El Consejo de Ministros de este viernes dará luz verde a los nombramientos pendientes de algunos miembros del nuevo Gobierno, como gran parte de los secretarios de Estado de los Departamentos económicos y otros altos cargos como, por ejemplo, el nuevo Fiscal general Eduardo Torres-Dulce o los nuevos directores generales de la Policía y la Guardia Civil, Ignacio Cosidó y Fernández de Mesa.