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     30 de noviembre de 2021

prestaciones por desempleo indebidas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

La vicepresidenta 'criminaliza' a los parados: mezcla fraudes con irregularidades de todo tipo

"La vicepresidenta ha atacado a los que más sufren los recortes del gobierno y sus políticas antisociales, que son los desempleados". Así lo ha asegurado esta tarde en Ferraz el diputado Pedro Sánchez que ha anunciado que el PSOE solicita la comparecencia "urgente" de la Vicepresidenta del Gobierno.

Polémica tras el Consejo de Ministros

> Acusó al 20% de los parados, medio millón de personas, de cobrar el paro y trabajar en B
> Fuentes de Moncloa sostienen a Diariocrítico que sus palabras fueron malinterpretadas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la ha liado. Al presentar el informe de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha cifrado en más de 500.000 los parados que cobraron prestaciones indebidas, haciendo mucho hincapié en las actuaciones de lucha contra el fraude. Sin embargo, de esa cifra, sólo alrededor de 60.000 fueron los desempleados que estafaron a la administración por estar trabajando en negro, según publican varios medios citando fuentes de Empleo. El resto vio retirada su prestación por otras cuestiones como incorrecciones de tipo de administrativo al no 'fichar' a tiempo la demanda de empleo.

El Gobierno "reforzará" las sanciones a los parados que rechacen ofertas de empleo

La lucha contra el fraude permite obtener 22.500 millones

La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas, que percibían más de medio millón de 'falsos' parados.
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