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Proyecto Castor

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El Tribunal Supremo ha resuelto que el Gobierno deberá devolver a los consumidores de gas el importe de 18 millones de euros que Enagás cobró en forma de peajes y cánones para cubrir las indemnizaciones al fallido proyecto Castor que se paralizó después de que provocara varios terremotos en Castellón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la “hibernación” de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas “Castor” y el pago de una compensación económica de 1.350.729 miles de euros a la empresa Escal UGS, S.L. tras su renuncia a la explotación de gas que se está cargando a los recibos de gas de los españoles durante un periodo de 30 años.

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha abierto una causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor -junio de 2008 sin que varios informes técnicos alertaran al gobierno socialista de las posibles consecuencias sísmicas- y ha imputado a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez ha abierto un procedimiento sobre las prospecciones en la costa de Castellón tras la denuncia interpuesta por Fiscalía.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS. Una cifra considerable si se tiene en cuenta que la partida de Sanidad en los Presupuestos para 2015 asciende a 1.924 millones y que la de Cultura se queda en 749 millones.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está estudiando la sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con el pago de la indemnización a las empresas promotoras del proyecto de almacén subterráneo de gas “Castor”.

Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en septiembre de 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y esta vez podría provocar terremotos "incluso mayores", de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Massachusetts Institute of Technology (MIT). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha confirmado que no reabrirá nunca, pero aún no se desmantelará por el riesgo que aún podría suponer la extracción del gas que ya contiene el almacén.

La Fiscalía Provincial de Castellón denunciará ante el juzgado decano de Vinaroz a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.