Los votos del exterior serán decisivos en los próximos comicios gallegos. El PSdG-PSOE, a nueve meses de la cita con las urnas, está manejando encuestas propias que así lo aseveran. Según ella, y en función del mayor o menor índice de participación, de 3 a 4 escaños estarían pendientes del voto emigrante en su actual formulación. Y este disputado voto emigrante, no necesariamente favorable al PSdG. De hecho, Ricardo Varela, conselleiro de
Trabajo y secretario de Organización de los socialistas gallegos observa que la inercia del voto emigrante –como se comprobó en las elecciones municipales de 2007—sigue favoreciendo al PP. Algo que, internamente, también ha señalado el gallego José Blanco, vicesecretario general del PSOE. De ahí la actual renuencia de los socialistas para reformar el voto de los emigrantes. Un voto que, en gran medida, merced a las redes clientelares tejidas durante los dieciséis años de mandato de Manuel Fraga, sigue siendo fiel a los populares gallegos. El PSOE, estando en la oposición, había clamado por la reforma, con la esperanza de rentabilizarla. En cambio ahora, por expresas instrucciones de Blanco, se trata de ralentizar –habría que decir dificultar, como reconocía en privado un alcalde socialista de una ciudad gallega-- la reforma, subida al carro de la nueva Ley Electoral.
El Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular de Galicia coinciden en exigir la reforma urgente del voto emigrante para que pueda aplicarse en las próximas elecciones gallegas, previstas para marzo de 2009. Sustancialmente esta reforma se reduciría a que los emigrantes votarían directamente en urnas y no por correo con lo que, tanto para el BNG como para el PPdG, se evitaría el fraude electoral, denunciado, sin éxito, en varias ocasiones por diferentes partidos, en función de sus intereses concretos.
La reforma puede afectar a 1,2 millones de electores españoles residentes allende nuestras fronteras. De ellos, el 27% (324.000) son gallegos, lo que representa una codiciada y sustanciosa bolsa de votos. Un goloso pastel del que cada uno de los tres partidos gallegos espera sacar la mayor tajada posible.
Al igual que en la era fraguista, los viajes oficiales de altos cargos de la Xunta bipartita de Galicia a los caladeros electorales de América latina (en especial a Argentina, Uruguay y Venezuela) forman parte del modus operandi gubernamental. Como, en su día, hicieran Manuel Fraga y sus conselleiros, ya ni se molestan en encontrar motivos plausibles para ello. Algunos tan
galaicamente retorcidos –sucedió en ocasiones con Fraga y ha vuelto a suceder con Emilio Pérez Touriño— como el de recibir la invitación de un Centro Gallego (pongamos que el de Montevideo) para que el presidente de la Xunta fuese a inaugurar una exposición conmemorativa que –este es el detalle—previamente había montado la propia Administración autonómica gallega, generosa antes y ahora, en subvencionar las organizaciones gallegas de allende el Atlántico.
El actual sistema de voto por correo, gestionado (¿mangoneado?) por agentes electorales, se presta a toda suerte de fraudes. Muertos que votan. Nietos de gallegos que corren a inscribirse como votantes, muchas veces con dinero por medio. Ancianos que firman en blanco la solicitud que les presenta el agente… Y ninguno de los tres partidos gallegos está exento de haberse beneficiado de ello. Al socialismo gallego, tras tres años en la Xunta bipartita, aún no le ha dado tiempo, al modo fraguiano, de tejer sus propias redes clientelares. Y no por falta de ganas. En cuanto a sus socios nacionalistas del BNG, siempre han sido minoritarios en la diáspora gallega. Y, aunque aprenden rápido, aún no dominan todas las artimañas de la pesca de votos exteriores. Pero tampoco están limpios.
De reformarse el voto emigrante antes de las elecciones previstas para el primer semestre de 2009 (Galicia, País Vasco, europeas), los menos favorecidos serían, curiosamente, los socialistas gallegos. José Blanco lo sabe. Y, por ello, pese a ser una de las propuestas del programa electoral del PSOE, se rebaja la ya de por sí lenta velocidad de crucero legislativa y se marea la perdiz en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. La causa es bien patente: no queda tiempo para desarrollar, con éxito, un sistema efectivo de tutelar el voto emigrante en urna.