CiU salva al PSOE de la reprobación por el 'caso Taguas'

Por 171 votos en contra frente a 157 votos a favor de reprobar al Gobierno, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha salvado la tormenta política originada por su visto conformidad con el nombramiento de David Taguas como presidente de la patronal de la construcción SEOPAN. Este nombramiento, aunque pasó por el filtro de la Ley 5/2006, de Conflictos e Intereses, aprobada por el propio Ejecutivo socialista y obra del ex ministro Jordi Sevilla, ha sido reprobado éticamente por todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista, claro, y los nacionalistas de CiU, cuyo diputado Jordi Jané ha tenido que hacer auténticos juegos malabares para explicar por qué daba su apoyo al Gobierno en este caso.

De los 13 diputados el PP que faltaron, el más destacado es su líder, Mariano Rajoy, pero tampoco estuvieron Esteban González Pons,Gustavo de Arístegui, José Eugenio Azpiroz, Susana Camarero, Jaime García Legaz, Fernando López-Amor, Guillermo Mariscal, Luisa Fernanda Rudí, Carlos Armendáriz, María José Solana y Ricardo Tarno.

Como se sabe, David Taguas dirigió la Oficina Económica del presidente del Gobierno –es decir, que por sus manos pasaron las más importantes decisiones de la economía de este país- hasta la formación del nuevo Ejecutivo después de las elecciones del 9 de marzo.

Taguas dejó su puesto en Moncloa con la reorganización del Gobierno que llevó a cabo Rodríguez Zapatero, pero ‘fichó’ por 300.000 euros de sueldo al año por SEOPAN, la patronal que agrupa a las principales empresas de la construcción de este país. Un informe de Administraciones Públicas dio el visto bueno a este nombramiento, pese a que, según la mayoría de los grupos políticos, incurría claramente en incompatibilidad manifiesta con la Ley 5/2006, ya que por las manos de Taguas pasaron importantísimas decisiones que afectaron a muchas de las empresas que componen SEOPAN.

Así las cosas, ICV-IU-ERC plantearon una moción en la que en su primer punto reprobaban al Gobierno por permitir tal nombramiento y en cuyos puntos restantes pedían un cambio en la ley y el inicio de un diálogo para la regulación de los lobbies en España.

Pero no ha sido el único nombramiento ‘problemático’ respecto a la ética del actual Gobierno socialista. El diputado del PNV Emilio Olabarría ha revelado que el almirante Francisco Torrente (foto derecha), que ha sido secretario general de Política de Defensa, ha sido nombrado presidente de Unión de Explosivos Alaveses. Nueva bronca en ciernes. Léalo también en nuestro e-Xclusivo.
 

Éticamente reprobable

En su defensa de la moción, en la tarde este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, el diputado de ICV, Joan Herrera, llegó a calificar de “bochornoso” que este Congreso dé un "mandato ético" para que pueda presidir el “lobby de la construcción” alguien que “ha tenido toda la información económica del Gobierno”. Herrera ya sabía que la moción de su grupo iba a ser rechazada, ya que los nacionalistas de CiU iban a prestar sus votos al Ejecutivo para lavarle la cara en tan serio compromiso.

Según fuentes del Grupo, en ningún momento ni el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ni ningún responsable del PSOE se puso en contacto con él, o con Gaspar Llamazares, de IU, firmante también de la moción tan intentar llegar a una fórmula de consenso: los socialistas emprendieron la ‘vía fácil’ de negociar lo que fuera con los nacionalistas de CiU:

En el pleno en el que se debatió la moción el Ejecutivo socialista ha tenido que escuchar de todo, menos ‘bonitos’, de labios de los portavoces de ICV –Herrera-; de María Olaia Fernández Dávila, del BNG; de Rosa Díez, de UPyD; de Emilio Olabarría, del PNV, y de Rafael Merino, del PP. Pero le han salvado los ‘piropos’ del inefable diputado de CiU Jordi Jané, y, naturalmente, de la portavoz socialista para el caso, Elisenda Malaret. Por cierto, que Malaret está casada con el fuera secretario general de Industria con el ex ministro Joan Clos, como contamos en nuestro diario e-Xclusivo.

Herrera llegó a acusar al PSOE de empezar la legislatura “con el pie cambiado en lo que respecta a la ética”, porque han autorizado un nombramiento para Taguas: “Quien antes descolgaba el teléfono del lado del Gobierno era el señor Taguas y el que ahora llamará [al teléfono poderoso del Gobierno que puede resolver papeletas económicas y cambiar leyes] será también él, pero desde el otro lado”.

Rosa Díez llegó a decir que “la aplicación de la ley ha ido en contra de los objetivos de la” en el ‘caso Taguas; algo en lo que coincidió la diputada del BNG Fernández Dávila y, desde luego, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría. Éste último calificó la posición mantenida por el PSOE por el respecto –y de CiU, de paso, que le apoyó- de “conducta ética y estética dudosa”, porque “SEOPAN no es una ONG, sino que asesora a todas las empresas con las que Taguas ha tenido contactos”.

El portavoz popular, Rafael Merino, abundó en los reproches anteriores, pero añadió dos tesis muy interesantes: que “ahora se entiende por qué el señor Solbes dice que no hay desaceleración económica: para algunos socialistas hay aceleración económica”, la primera, y la segunda, que ahora se explica por qué se está estudiando una subida de la tarifa eléctrica: resulta que algunas de las empresas que están agrupadas en SEOPAN tienen fuertes intereses económico-financieros en el sector eléctrico.

Por parte del Ejecutivo, además de Carme Chacon, a 24 horas de su parto, faltaron en la votación el presidente Zapatero y los ministros Solbes, Rubalcaba, Moratinos y Mercedes Cabrera.