"Si se vuelve a producir un hecho igual se actuará conforme a la ley". Es decir, que si alguien intenta otro secuestro de un pesquero español y la Armada puede detener a algún pirata, así lo hará y será puesto a disposición de la Audiencia Nacional. "Así lo dice la ley", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, en una tensa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que buscó el apoyo, en ocasiones, del también presente ministro de Justicia,
Francisco Caamaño.
¿Había dos informes de los servicios secretos contradictorios sobre la conducción de los piratas a España? ¿Quién dio la orden de apresamiento y quién la del traslado a España? ¿Se consideró el traslado a Kenia de los piratas, en vez de España? Pocas dudas resolvió la vicepresidenta, muy empeñada en dejar claro que "hay una ley nacional e internacional que el Gobierno ha cumplido siempre. Se produce un delito y se actúa con arreglo a la ley. Ese delito se perpetra contra ciudadanos españoles y, con arreglo a la ley, el que hace ese delito es detenido". Hasta ahí, "todo es la normalidad legal", según De la Vega, y una vez que hay dos piratas detenidos tienen que ser puestas a disposición judicial… "porque lo dice la ley".
El único detalle que sí resolvió Fernández de la Vega es que "ni se planteó ni se debatió" llevar a los piratas a Kenia. Según ella, la 'operación Atalanta' es de protección y detención de quien incumpla la ley y que los que sean detenidos sean entregadas a las autoridades del Estado del pabellón del buque, "esto es, a España". "Por eso la Armada detuvo a los presuntos delincuentes" y por eso España "comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales pertinentes a través de la Abogacía del Estado".
Llegados a ese punto, De la Vega sí fue muy elocuente para desmentir cualquier rumor sobre discrepancias en el Ejecutivo: "No ha habido, no hay ni habrá discrepancias en el seno del Comité de Coordinación. Hasta ahora todas las acciones se han adoptado por unanimidad. El Gobierno ha actuado, actúa y actuará de manera coordinada y sin fisuras". De la Vega coordina ese Comité "y, en consecuencia, asumo toda la responsabilidad en estos momentos difíciles y duros", pero lograremos que la tripulación del Alakrana vuelva a casa.
Buenas noticias
No fue posible sacar a la vicepresidenta de ese enroque. Pero fue auxiliada por Caamaño, que insistió también que la "ley es inequívoca": las fuerzas armadas tienen que detener a los infractores "y con la Constitución y la ley su obligación es ponerlos en la actuación judicial". Eso es lo que hacen todos los países, según el ministro, es lo que ha hecho el Estado francés y "eso es lo que ha hecho el Gobierno".
De la Vega añadiría luego que la detención fue ordenada por el Estado Mayor de la Defensa y quitó valor al hecho de hubiera uno o cinco informes distintos respecto a este caso, pero que "actuó con respeto a la ley".
En otro orden de cosas, dijo compartir el comunicado del presidente de la Audiencia Nacional,
Ángel Juanes, en defensa de la actuación del juez
Baltasar Garzón: "Comparto todo el comunicado que hizo ayer el presidente de la Audiencia Nacional… Todos estamos unidos sin fisuras". En definitiva, que "las decisiones se fueron produciendo conforme se fueron produciendo los hechos. No ha habido polémica". La ley es muy clara, "no ha habido ningún debate".
De la Vega insistió también en que "estamos explorando todas las vías para que pronto podamos tener buenas noticias" y que "lo verdaderamente importante es que se resuelva la situación cuanto antes".
Para prevenir futuros casos, la
reforma del Código Penal aprobada este viernes por el Consejo de Ministros ha creado un nuevo delito: el de piratería.
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