Y sigue la ofensiva

miércoles 15 de diciembre de 2010, 19:31h

Aunque todo el mundo habla de lo mismo, de la caradura de los controladores y de su falta de escrúpulos, a excepción de algunos otros que como Carlos Dávila (el malo) y algunos herederos del franquismo duro, que aplaudían con entusiasmo las medidas más duras del régimen cuando no cooperaban con él, y prefieren equiparar una medida democrática y constitucional con los estados de excepción franquistas, no pienso dedicar un solo juicio sobre una conducta que con aquellas excepciones, ha sido rechazada por todos. Pero otra cosa es dilucidar un conflicto que, por muchas interpretaciones que se hagan ahora de sus causas, tiene unas connotaciones políticas y una inspiración ajena a la pintoresca cúpula de dirigentes del no menos extravagante “sindicato”. Una decisión como el abandono de los puestos de trabajo, no se instrumenta en unas horas, ni menos espontánea y simultáneamente se lleva a la práctica conociendo, como sus autores conocían, sus graves repercusiones a no ser que contaran con algún apoyo político más o menos explícito, más o menos presunto. No es una cuestión central, pero ha proporcionado más munición para la ofensiva política contra el gobierno de Rodríguez Zapatero.

En el mundo político está haciendo fortuna aquel proverbio o simple frase de que piensa el ladrón que todos son de su condición. Y aprovechando una vez más el Pisuerga, que para algo es afluente del Duero, desde la oposición política al Gobierno se han dirigido los tiros tanto contra la gestión de Fomento al dejar cabos sueltos en la regulación previa del trabajo de los controladores aéreos (olvidando que estos barros vienen de los polvos levantados por el ministro del PP Arias Salgado en 1999), como también por haber acudido a declarar el estado de alarma ante una situación que, al parecer del partido popular y ¡oh cielos! la izquierda más neta, no era necesaria y supone poco menos que la militarización de la sociedad española. Claro que los conservadores no se han atrevido a ir más allá porque la gran mayoría de la sociedad española aprueba sin reservas esta medida, aunque sea tan excepcional como paralizar el tráfico aéreo en todo el espacio español en unas fechas tan especiales como el pasado puente festivo.

Pero este no ha sido el único frente de ataque de los populares, aunque también es verdad que el Gobierno se lo ha puesto fácil, crisis económica aparte. El caso es que, secundando con entusiasmo a los sindicatos que, ellos sí, tienen sobradas razones para rechazar las medidas y proyectos gubernamentales, aplauden con indisimulada timidez las últimas medidas económicas aunque las tilden de tardías, pero ahora ponen el acento en que son antisociales –cierto- y que no resolverán el problema del paro, que volverá a sus niveles aceptables cuando recuperen el poder político.

Todo lo anterior no representa ninguna novedad, como tampoco lo es que Esteban González Pons siembre dudas sobre policía, fiscales y jueces, sobre el CIS y sobre el CNI y muy especialmente sobre las actuaciones de Pérez Rubalcaba, sobre su pasado presente y hasta su futuro. Sabe, como todo el mundo, que es un pilar básico del gobierno de Rodríguez Zapatero, aunque quizá no sepa que parece ser invulnerable. Lo que sí ha sido novedad la estruendosa aparición de José María Aznar en la prensa norteamericana para desprestigiar no solo al gobierno actual, sino a la situación económica española, corroborando que sigue aplicando la misma táctica demoledora de instituciones de los años noventa: porque cuanto peor, mejor.

El refuerzo de la ofensiva política del partido popular era previsible ante el declive de la intención de voto que viene cosechando el partido socialista. Los medios y los actores también son los presumibles. Es la lucha por el poder. Pero produce alarma que se ataque a instituciones básicas de la democracia poniéndolas bajo sospecha. Puede debilitarse al adversario, pero también se debilita al Estado.