Caso Nóos: repaso a una investigación de tres años

Pese a que las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. El hecho de que la hermana del Rey Felipe VI figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.


El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial por razones de antigüedad, ha dado un nuevo paso en el marco del caso Nóos al sentar en el banquillo de los acusados a la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía.

La aparición de su nombre ya al inicio del sumario -cuyo secreto fue levantado en diciembre de 2011- en relación a unas compras de carácter particular cargadas a esta sociedad y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa.

Petición que no prosperó tras oponerse la Fiscalía y rechazarla tanto Castro como la Audiencia Provincial de Baleares, lo que no impidió que los interrogatorios por parte del juez continuasen su curso con el objetivo de profundizar en torno a la gestión de la sociedad de los Duques y, entre éstos, los de varios testigos que aseguraron que Urdangarin les ofreció, en presencia de su mujer, ser contratados por la empresa "de los señores" pese a realizar en realidad tareas domésticas en el domicilio particular del matrimonio.

De hecho, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 en enero de 2013, la Agencia Tributaria acusaba a Urdangarin de haber interpuesto a Aizoon para facturar servicios de carácter personalísimo que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF y beneficiarse a su vez de un tipo inferior en el impuesto de sociedades.

No obstante, ninguna referencia hacía al papel que desempeñaba la Infanta al frente de esta sociedad, a pesar de que, según Hacienda, durante 2007 y 2008 su marido habría defraudado al fisco hasta 337.138 euros al utilizar a Aizoon como "pantalla".

Torres apunta a la infanta

El nombre de la Infanta resurgió con fuerza el 16 de febrero de ese año, cuando Torres, citado nuevamente por el magistrado en calidad de imputado, aseguró en su declaración que la Casa Real supervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, y más en concreto la Duquesa y el secretario personal de las hijas del Rey, Carlos García Revenga, también encausado. Manos Limpias anunció entonces que volvería a solicitar la imputación de doña Cristina en base tanto a las afirmaciones de Torres como a los numerosos correos electrónicos que éste aportó a la causa.

A partir de ahí, el sindicato continuó sondeando el papel de la Duquesa al frente de Aizoon mediante la solicitud de diversas diligencias de investigación a las que accedió el juez, entre ellas la comprobación acerca de si Urdangarin, la Infanta, Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, se habían acogido a la amnistía fiscal para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos, en lo que suponía la primera resolución de Castro dirigida a indagar las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de la Duquesa.

La acotación así de las pesquisas a la actuación de Doña Cristina y la entrega paralela de nuevos correos por parte de Torres en los que Urdangarin consultaba con su mujer las diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos, derivarían finalmente en la imputación de la Infanta, el 3 de abril de 2013, a través de un auto de 18 páginas en el que el juez Castro veía a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos.

Sin embargo, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de los propios Duques de Palma llevaron a la Audiencia Provincial de Baleares a tener que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por todos ellos contra la decisión de Castro. El tribunal dejó sin efecto la imputación de la Infanta, si bien abrió la vía para que ésta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales a través de Aizoon, al haber defraudado presuntamente al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon.

Investigación de todas las cuentas e inmuebles de la infanta

Se inició así con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad. Ello derivó en la segunda imputación de la Infanta y en su citación el pasado 8 de febrero.

Desde entonces, Castro mantuvo en pie su criterio en torno a la supuesta participación de Cristina de Borbón en la defraudación a Hacienda por parte de su marido y acordó mantener su imputación al término de la instrucción de la causa por dos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, delito este último que la Audiencia revocó. El tribunal dejó en manos del juez la decisión de sentar a la Infanta en el banquillo de los acusados.


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