'Congeladas' las ayudas a los dependientes moderados y los permisos de paternidad

Ley de Dependencia

El Consejo de Ministros ha decidido este viernes posponer a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al Sistema Nacional de Dependencia (SAAD). En concreto, se trata de los 'dependientes moderados' (Grado 1, nivel 2), según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que esta medida se debe a que el Ejecutivo no quiere reducir la cuantía de las prestaciones destinadas a las personas dependientes.

   "El Gobierno anterior acordó la reducción de las cantidades destinadas a la dependencia. Este Gobierno, para no reducirlas, establece la supresión de un año en la introducción de nuevas categorías de beneficiarios", ha aseverado.

   El calendario de aplicación de la ley, aprobada en 2006, establece en su disposición final primera la incorporación gradual de los dependientes al sistema a partir del 1 de enero de 2007. De esta forma, el primer año podían acogerse a los servicios y prestaciones de la ley los 'grandes dependientes' Grado III, niveles 2 y 1.

   En el segundo y tercer año, entraron los 'dependientes severos', valorados en el Grado II, nivel 2; en el tercer y cuarto año, los 'dependientes severos' Grado II nivel 1; en el quinto y sexto (2011 y 2012) aquellos valorados con el Grado I nivel 2 de 'dependencia moderada'; y, por último, en el séptimo y octavo año, los 'moderados'  Grado I nivel 1.

   Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a 1 de diciembre de 2011, existen 315.000 dependientes que todavía se encuentran a la espera de ser atendidos. De ellos, la mitad, unos 165.000, son 'dependientes moderados', que el 1 de enero de 2011 entraron en el Sistema de Dependencia.

   En un comunicado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado de que el Consejo de Ministros ha acordado mantener las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del sistema.

   De esta forma, subraya que "se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos". Esta decisión, según apunta, "asegura que aquellas personas que más necesitan las ayudas y prestaciones las reciban en primer término, consideración que se hace extensiva a las familias de quienes padecen situaciones de este tipo".

   Asimismo, el departamento que dirige Ana Mato ha señalado que entre las medidas que adoptará el Gobierno en materia de dependencia se encuentra la "necesaria" reforma del modelo de financiación "para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia, así como el fomento de políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia para todos los grados y niveles".

Financiación y coordinación socio-sanitaria

   En el mismo comunicado, asegura que el anterior Gobierno recortó el presupuesto destinado al Sistema de Atención a la Dependencia en un 10 por ciento en 2011, año en el que se incorporaron al sistema 150.000 dependientes más. "Ante esta situación, el Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes que fortalezcan la protección por dependencia y garanticen la sostenibilidad de prestaciones y servicios", apostilla.

   También avanza que el Gobierno se ha propuesto asimismo abordar la regulación de la coordinación socio-sanitaria "para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad asistencial", así como la configuración de un nuevo sistema de información estadística y el desarrollo de un modelo de gestión administrativa de la dependencia.

   El Consejo de Ministros ha aprobado convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para prestar servicios de teleasistencia en el marco de la Ley de Dependencia, por importe de 30 millones de euros, conforme ha señalado Sáenz de Santamaría.




La paternidad 'extra' se pospone

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que incluye el aplazamiento a enero de 2013 de la ampliación a un mes de los permisos por paternidad, posponiendo así por segundo año consecutivo, la implantación de este tipo de licencias que contempla la Ley de Igualdad.

   La medida se adopta mediante un Real Decreto que si bien no será sancionado por el Congreso de los Diputados hasta el 11 de enero, entrará en vigor de forma "inmediata". De otra forma, sería inevitable que a partir del 1 de enero los trabajadores pudieran pedir cuatro semanas de permiso por paternidad, ya que así estaba contemplado en el decreto sobre este asunto aprobado en 2010.

   La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, impuso una ampliación del permiso por paternidad, acogimiento o adopción de un hijo hasta los 13 días de duración. No obstante, en su disposición transitoria novena, estableció la obligación de extender esta licencia hasta cuatro semanas de duración, como muy tarde, antes de que la norma cumpliese seis años de vigencia.

   Aunque el presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a acometer esta ampliación antes del plazo fijado, el 23 de diciembre de 2010 pospuso la entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2012, alegando un ahorro para el Estado de 200 millones de euros.

   El Ejecutivo del Partido Popular tiene por tanto un año más de margen para evitar que la paternidad implique una licencia laboral de un mes de duración, ya que hasta 2013 la Ley de Igualdad no cumplirá los seis años de vigencia previstos para la implantación de esta medida.

   No obstante, la misma Ley recoge que el Gobierno "ampliará de forma progresiva y gradual" la duración del permiso por paternidad hasta alcanzar las mencionadas cuatro semanas. Si el Ejecutivo cumple la norma, tendrá que introducir de golpe la ampliación en enero de 2013, por lo que no habrá incremento paulatino.

   El Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionó 202.734 prestaciones por paternidad hasta el mes de septiembre con un coste de 168 millones de euros, ya que proporciona un subsidio equivalente al salario íntegro del trabajador. La cifra supone un descenso del 0,7 por ciento en el número de licencias respecto al mismo periodo de 2010, según los últimos datos oficiales.

   Las comunidades autónomas en las que mayor número de padres se acogieron al permiso de paternidad fueron Cataluña (38.551), Madrid (33.897), Andalucía (31.473), Comunidad Valenciana (19.890) y País Vasco (11.816), mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron las que registraron menos subsidios por paternidad, con 224 y 222 procesos, respectivamente.




Lea también:

-  El Gobierno opta porque los ciudadanos paguen el despilfarro de ayuntamientos y autonomías

- Lea de forma íntegra la referencia del Consejo de Ministros 

-  Fin del 'canon digital'; resiste la Ley Sinde

- 'Congeladas' la ley de dependencia y las bajas de paternidad

-  Vivienda: sube el IBI, adiós a la ayuda al alquiler joven y vuelve la desgravación por compra

-  Fernando García Sánchez, nuevo JEMAD

-

El Gobierno nos deja congelados: todos los recortes y medidas