El Gobierno lo tiene claro: que la ciudadanía pague el despilfarro de ayuntamientos y autonomías

Lo que queda patente es que quien manda ahora es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el artífice de una estructura basada en el aumento de impuestos para recoger ingresos de la forma menos lesiva a la economía, y la recaudación por IVA, que no se toca aún. Es más, incluso les ha dado un salvavidas en forma de subida del IBI (Impuesto sobre Bines Inmuebles) para que los ayuntamientos palíen la ausencia de ingresos y afronten gasto corriente. Así, el Gobierno ha aprobado un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBE) para los dos próximos años que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio. De la misma forma, ha extendido a 2012 el IVA supereducido del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010.

Como se ve, son los ciudadanos lo que van a soportar la caída de su renta disponible, aunque sólo por dos años. En cuanto al IRPF, El Ejecutivo ha anunciado un "recargo de solidaridad" en la cuota estatal para las rentas de trabajo (IRPF) y los rendimientos capital durante los dos próximos años. El IRPF subirá un 0,75% para el primer nivel de renta en un punto por nivel hasta alcanzar el 7% para 300.000 euros de base liquidable. Así, de 12.000 a 16.000 euros sería de 53 euros; de 16.000 a 22.000 euros de algo más de 80 euros. No ha dicho nada sin embargo, sobre el  tramo de 22.000 euros a 30.000, donde se concentra el grueso de la clase media española. El Consejo de Ministros también ha suprimido a petición de la Comisión Europea las bonificaciones al gasóleo profesional.

En total, Montoro recaudará algo más de 6.000 millones, de los que 4.111 millones vendrán por el IRPF; 1.246 millones por rentas del capital; 918 por IBI y en torno a 200 millones por el fin de las bonificaciones al gasóleo. Insuficientes, si tenemos en cuenta que un desvío de dos puntos en el déficit equivalen a 20.000 millones más de desviación presupestaria. El problema es que vienen de autonomías y ayuntamientos, así que todo hace pensar que habrá más recortes y subida de impuestos después de los Reyes Magos. Ya en septiembre las autonomías presentaron unos números que situaban su déficit en el 1,19% del PIB, cuando el objetivo para todo el año es del 1,3%. Y esos datos, a punto de entrar en el trimestre donde normalmente se acumulan el grueso de los pagos, hacían presagiar lo peor.

Para cerrar el año con un déficit del 6% del PIB, todas las administraciones tenían marcado un objetivo. El Gobierno central se propuso acabar con un déficit del 4,8%; las comunidades autónomas se comprometieron a reducir el suyo hasta el 1,3%; los ayuntamientos, al 0,3%, y por último, se preveía que la Seguridad Social registrara un superávit del 0,4%. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado que la Administración central será la que menos se desviará de las previsiones y cerrará el año "unas décimas" por encima del objetivo que se marcó. Rajoy ha estimado recientemente que cada punto adicional de déficit en las cuentas públicas de la Administración central equivale a 10.000 millones de euros. Es decir, que en 2012 el Gobierno central deberá 'sacar' 20.000 millones extra correspondientes a la desviación de este ejercicio.


Menos gasto

Y junto al 'impuestazo' de 6.000 millones, justificado en el carácter extraordinario del sobredéficit descubierto en másd de dos puntos frente al  oficial del 6% de ZP,  el tijeretazo a la Administración central por 8.900 millones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enmarcado estas medidas en "el inicio del inicio" de futuros ajustes y ha explicado, en tono solemne, que las recetas tienen por objeto atajar un déficit que alcanzará este año el 8%, dos puntos más que lo previsto por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Los recortes afectarán principalmente a Fomento (1.612 millones), Industria (1.091), Economía (1.083) y Asuntos Exteriores (1.016), sobre la base de la prohibición de gastar lo presupuestado, es decir los Acuerdos de no disponibilidad de gasto hasta que se apruebe el Presupuesto General de 2012.

Santamaría ha dado cuenta de la ampliación de la jornada laboral en la Administración Pública a 37,5 horas semanales, además de la reducción del 20% de los cargos de los subsecretarios y directores generales, el 20% de la subvención a los partidos, sindicatos y patronal.

En paralelo a la tijera, el Ejecutivo endurecerá en la Ley de estabilidad presupuestaria las medidas contra el despilfarro de dinero público, en línea con lo comprometido por el PP en el programa con el que se presentó a las elecciones generales, aunque no ha precisado cómo.


En el lado bueno, subida de pensiones y mantenimiento de los 400 euros

Santamaría ha confirmado que el Ejecutivo prorrogará los Presupuestos Generales del Estado hasta el próximo 31 de marzo, congelará el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional, -situado en la actualidad en 641,40 euros- y ha indicado que incrementará las pensiones el próximo año en un 1%.

La ministra de Empleo y Seguridad Social ha explicado que el coste de revalorizar las pensiones el año que viene es de 968,47 millones de euros y que la pensión media, de 810,85 euros, se incrementará el año que viene en 8,11 euros al mes, lo que lo que supondrá una mejora anual de 113,52 euros.

En paralelo, el Gobierno ha decidido congelar la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en enero y aplicar un incremento medio del 0,5% en la TUR de gas, cuyo coste para un consumidor tipo será de 2,3 euros al año. En el caso de la luz, el resultado de la subasta entre comercializadoras de último recurso, que marca el coste de la energía, ha permitido al Gobierno revisar al alza la parte regulada de la factura eléctrica sin que se produzcan cambios en la tarifa final que pagan los consumidores.

La TUR revisada de la luz ya asume el reciente dictamen del Tribunal Supremo sobre la anulación de la revisión de peajes en octubre, en el que se modifica la tarifa en la semana del 23 al 30 de diciembre.

Por su parte, la TUR del gas se incrementa a partir del 1 de enero y para todo el primer trimestre de 2012 en una media un 0,5%, porcentaje que supone un incremento de la factura trimestral para un consumidor tipo de 57 céntimos de euro.

En concreto, la TUR 1, propia de un hogar que utiliza el gas natural para el agua caliente, aumenta un 0,9%, mientras que la TUR 2, común en hogares con agua caliente y calefacción, sube un 0,3%.

Actualmente, en el sistema gasista hay un total de 7,3 millones de clientes que pueden acogerse a la TUR, de los que 3 millones están acogidos a esta tarifa y 4,3 millones disponen de un contrato en el mercado. Hay 1,8 millones de usuarios de TUR 1 y 1,2 millones de TUR 2.


Principales medidas

- Aprueba una subida temporal del IRPF, de las rentas del capital y del IBI
- Se actualizan las pensiones para 'salvaguardar a los más débiles'
- Se congela el salario de los funcionarios y se amplía su jornada a 37,5 horas
- Retira 8.900 millones a los ministerios y Fomento sufrirá el mayor recorte
- Sindicatos, patronal y partidos políticos tendrán un 20% menos de subvenciones
- Fin a la renta de emancipación y moratoria de un año para nuevos dependientes
- Suprime el canon digital y da luz verde a la 'ley Sinde'
- Recupera la desgravación por compra de vivienda
** Resumen de las principales medidas

** Todos los recortes, al detalle (pdf)


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