El Gobierno contenta a Europa con la necesidad de ahorro: 37.700 millones menos con la reforma de las Administraciones Públicas

Lo más destacado de este plan respecto a lo que se ha ido avanzando en días anteriores es precisamente ese nivel de ahorro que, según se recoge en el Informe CORA, será de un total 37.700 millones de euros en el periodo 2012-2015 si se aplicaran las 217 medidas contenidas en el mismo.

Según las cifras avanzadas por la vicepresidenta del Gobierno, con esa racionalización, la Administración del Estado dejará de gastarse un total de 6.500 millones de euros, mientras que para el ciudadano supondrá un ahorro total de 16.300 millones que dejará de gastarse en sus relaciones con la Administración y que supondrían, por tanto, 'una nueva inyección económica en el mercado'.

Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido que reconocer que "más de la mitad" del ahorro contabilizado proviene de la pérdida de empleo público. En concreto, y para darse una idea de lo que suponen los 375.000 empleos públicos que se han perdido en el último año, la vicepresidenta ha dado estas cifras: en el ejercicio 2013 habrá un ahorro por ese concepto de 728 millones en el Estado, 3.238 en la administración autonómica y 976 millones en la local. En total, por pérdida de empleos, el Estado ahorrará en su conjunto en 2013 un total de 4.942 millones de euros.

Esa cifra debería indicar que se ha acabado la 'reconversión' en las administraciones públicas, pero no hay tal. Tanto Sáenz de Santamaría como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han tenido que reconocer que con la desaparición de los organismos públicos que recomienda el Informe CORA -vea la lista de los 57 pinchando aquí-, así como con otros cierres o reconversiones, más trabajadores quedarán sin puesto de trabajo. No obstante, ambos han dicho que se intentará recolocarlos en otros puntos de la Administración, según se necesiten. No así a los 'eventuales', es decir, asesores, que según todos los indicios pasarán a engrosar las listas del INEM.

Este plan de reforma de la Administraciones Públicas se empezará a discutir el miércoles y jueves próximos con la Comisión Nacional de Administración Local (CENAL) y el Consejo de Política Fiscal y Financiera que van a ser convocados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El Plan no puede obligar a las Comunidades Autónomas -aunque sí a los Ayuntamientos-, pero tanto Montoro como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, han destacado la capacidad de colaboración de las mismas a lo largo de este último año, por ejemplo, en la reducción de empresas públicas (535, cuando se les había pedido 515 entre ayuntamientos y comunidades).

Se trata, sobre todo, de que las comunidades supriman hasta 90 observatorios actualmente en marcha, se eliminen los defensores del Pueblo autonómicos, los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión. El Ejecutivo no puede obligar a las comunidades, pero sí recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Para hacer cumplir este plan, el Ejecutivo ha creado una Oficina de seguimiento, dado que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado, que tendrá rango de Subsecretaria y que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un "análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer".



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