El desafío institucional

El que juega con fuego casi siempre acaba quemándose. Cuando empezó el debate sobre el estado de la nación teníamos muchos problemas. Ahora, no tenemos ninguna solución y ningún acuerdo pero los problemas son mucho mayores. Entre los de mayor calado, no el más urgente ni el más importante, el Estatuto de Cataluña. Duran i Lleida puso el acento en el desastre causado. Traerá, dijo, más independentismo, más desencanto y más desconfianza. Pero se equivocó al buscar culpables. Ni el desastre lo ha causado el Tribunal Constitucional, por mucho que su demora en resolver contribuyera, ni el PP, que usó el legítimo derecho a presentar un recurso. El desastre ha sido culpa de unos políticos que presentaron un texto inconstitucional en varios artículos fundamentales y  de un presidente que dijo que avalaría lo que le presentaran.

    Pero tras la sentencia del TC, unánime en la anulación de los puntos más controvertidos,  el espectáculo circense ha llegado al “más difícil todavía”. El presidente Zapatero asegura que acata la sentencia y la hará cumplir, pero anuncia su disposición a burlar el fondo y la forma de la decisión mediante leyes orgánicas. Zapatero es capaz de hacerse trampas jugando al solitario. El presidente de la Generalitat, el cordobés Montilla dice que no es suficiente. Su conseller de Economía y posible candidato a sucederle como cabeza de lista socialista, Antoni Castelles, ha dicho que la sentencia “demuestra la incompetencia y la ignorancia” del   alto tribunal. Y su compañero de Interior, Joan Saura, ha dicho que la Generalitat no piensa cambiar “ninguna ley”, tras una sentencia que es “una agresión contra la voluntad del pueblo catalán desde un TC que no tiene legitimidad”. Si sumamos a eso las palabras del ministro de Justicia de la nación española, que ha venido a decir que el TC apenas ha modificado “trescientas palabras” de nada…, que Duran  diga lo que dice o que su compañero de partido Francesc Homs, hable de “carnicería”, apenas tiene importancia.

El desacato institucional es, posiblemente, una de las acciones más graves de 30 años de democracia y sus consecuencias pueden ser terribles. La inseguridad jurídica que suponen un presidente del Gobierno, un presidente de la Generalitat, unos ministros o consejeros autonómicos, muchos diputados y altos cargos deslegitimando la sentencia del más alto, y último, tribunal es un gravísimo problema. El anuncio de que van a seguir aplicando leyes y preceptos que el TC ha declarado contrarios a la Constitución es un desafío de consecuencias imprevisibles. El cinismo de “acatar” una sentencia y anunciar que se va a burlar por otras vías es una perversión constitucional. Se puede cambiar la Constitución y los mecanismos están al alcance de los que quieran hacerlo. Si alguien quiere proponer directamente la independencia, que lo haga en campaña electoral. Pero mientras esté la Constitución que está y la única nación legal sea la española, el presidente Zapatero, el presidente Montilla y todos los demás están obligados a cumplir y hacer cumplir la sentencia. Lo juraron o prometieron. Nadie contrata a un bombero para incendiar la casa.

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