Junta y Gobierno crearán un grupo de trabajo para solucionar la posible inconstitucionalidad de Meseta Ski

La Junta de Castilla y León y el Gobierno central crearán un grupo de trabajo para buscar una solución a la posible inconstitucionalidad de la Ley autonómica 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski.

Así se acordó en el marco de una reunión de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado en una reunión celebrada el pasado 10 de septiembre, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En dicha reunión se acordó iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias en relación a esta ley, designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión la solución que proceda y comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional, informa ep.

Ante este anuncio, en un comunicado, Ecologistas en Acción pidió la "paralización inmediata" del Complejo de Ocio por realizarse en un monte incendiado y omitir la preceptiva declaración de impacto ambiental.

El colectivo ecologista afirmó que, mediante este procedimiento, previsto en el artículo 33.2 de la Ley del Tribunal Constitucional, el Gobierno central emplaza a la Junta de Castilla y León a que modifique la Ley de Meseta-Ski por considerarla inconstitucional, en el marco de un procedimiento negociado entre ambas Administraciones, como paso previo a la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

Según Ecologistas, en el caso de no alcanzarse un acuerdo, el presidente del Gobierno podría presentar este recurso antes de 11 de marzo de 2011, suspendiendo la vigencia y aplicación de la Ley hasta la sentencia del Tribunal Constitucional.

Esta organización afirmó que, según su información, el emplazamiento realizado por el Gobierno es el resultado de la vulneración de la prohibición establecida en las leyes estatales de Montes y Suelo de que un monte incendiado pueda recibir un uso distinto al forestal durante un plazo mínimo de 30 años desde el incendio, que en el caso del cerro de San Juan donde se desarrollan las obras del Complejo de Ocio tuvo lugar en el año 1999.

Decisión "sin precedentes"

En este sentido, recordó que la prohibición legal de recalificar terrenos forestales incendiados es "una conquista histórica" del movimiento ecologista español, que en una decisión "sin precedentes" las Cortes de Castilla y León han decidido "soslayar" para pasar por encima de las 11 resoluciones judiciales que hasta la fecha han declarado la ilegalidad del proyecto.

Ecologistas en Acción afirmó que "alarmado" por el precedente, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino habría informado al Gobierno sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Meseta-Ski, y en particular sobre la imposibilidad de que en el ámbito del monte incendiado se pueda desarrollar ningún tipo de construcción, como es el caso de las dos pistas de esquí proyectadas y varias edificaciones e instalaciones auxiliares.

El grupo ecologista se felicitó por que el Gobierno intervenga defendiendo sus competencias en materia de medio ambiente y urbanismo, lo que "pone de manifiesto la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes regionales".

Asimismo, emplazó a todas estas instituciones a que paralicen de inmediato las obras, "evitando dilapidar más dinero público en un dislate legalmente imposible".

Por otro lado, Ecologistas en Acción adelantó que pondrá en conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1 y 2 de Valladolid la reanudación de las obras del Complejo de Ocio, incumpliendo tanto las sentencias firmes anulatorias de los permisos municipales como la suspensión cautelar del cambio de uso forestal de los terrenos. En particular, los ecologistas recuerdan que las pistas de esquí y las carreteras de nuevo trazado (en el caso de la carretera de acceso al Complejo) están sometidas a evaluación de impacto ambiental, trámite obligatorio que no se ha iniciado desde la aprobación de la Ley de Meseta-Ski.

Los ecologistas entienden que el reinicio de la obras sin este requisito supone un incumplimiento de las órdenes de paralización y de las sentencias judiciales, y podría ser constitutivo de un delito de desobediencia cometido por las autoridades públicas que hayan autorizado el reinicio de las obras.