Cuatro años perdidos para la Justicia

Han sido cuatro años perdidos en la senda de la modernización de nuestra administración de Justicia. No cabe duda que el ambiente de crispación política, permanente y constante durante estos cuatro años, es una de las grandes causas.

El Pacto para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales partidos políticos el 31 de mayo de 2001, fue enterrado en tierra profunda; uno de sus máximo objetivos, acercar la justicia al ciudadano, hacerla más amable, de mayor calidad y a la vez de mayor calidez, no se ha cumplido; la carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia quedó en una carta a los Reyes Magos.

Con el referido Pacto de Estado se había comenzado un camino en el que todos podíamos transitar juntos, buscando soluciones consensuadas y duraderas para la justicia, con un único fin: satisfacer los intereses de los ciudadanos, dejando de un lado los intereses meramente partidistas y los propios de los políticos.

Durante esta legislatura la nota ha sido el absoluto disenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no encontrando ningún momento para el consenso. Bien  es cierto, que al haberse abandonado el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia el consenso ha dejado de ser un instrumento, siendo el ejercicio del poder el único objetivo.

Comenzamos esta legislatura con una importante ley, tal cual fue la ley, llamada en su momento, de Violencia de Género, ley aprobada por unanimidad en el Parlamento, pero no consensuada en las soluciones técnicas. Supuso el primer enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno, al emitir el primero un informe en el que se ponía de manifiesto la posible inconstitucionalidad de la norma, por determinar una discriminación negativa en materia penal, posiblemente incompatible con el principio de igualdad ante la ley; amen de poner de manifiesto ciertas disfunciones en  cuanto a las normas de competencia de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En este caso se confundió un claro intento de ayudar al legislador, una de las funciones del CGPJ, en una voluntad ostativa contra el nuevo gobierno de la nación. Como consecuencia de este informe, el gobierno incumplió su obligación de remitir, también para el preceptivo informe, el anteproyecto de ley que reformaba el Código Civil en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo; el CGPJ, por una amplia mayoría, reclamó el anteproyecto para informe, y ante la negativa del Gobierno, decidió por una mayoría más exigua –pero mayoría al fin y al cabo- hacer un estudio sobre esta ley; también otro intento de ayudar se entendió como un intento de criticar al Gobierno.

A continuación llegó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ya en su fase de anteproyecto, manifestaba una posible contradicción con la Constitución; el CGPJ también por mayoría, decidió realizar un estudio sobre este Anteproyecto sólo en lo referente a la administración de Justicia, en cuyo informe se advirtieron como mínimo 17 vicios de inconstitucionalidad; un tercer intento de ayudar también se convirtió en una imagen beligerante con el Gobierno.

En medio de este periplo, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los nombramientos de altos cargos judiciales no fueran realizados por la mayoría legalmente exigida hasta ese momento, aumentando esta mayoría en tres quintos (de 11 votos a 13 votos). Esto no tendría ningún problema, sino al contrario, si no fuera por el fin perseguido por la reforma legal, en palabras de altos representantes del Gobierno, “impedir que una mayoría imponga decisiones a una minoría”, y todo ello sencillamente porque hubo nombramientos que no fueron del agrado del Gobierno de la nación.

De forma paralela, como consecuencia de todo lo anterior, desde el Congreso de los Diputados se pretendió que el Presidente del Tribunal Supremo, compareciera a dar cuenta sobre todos estos sucesos, y además a explicar las decisiones adoptadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la llamada “doctrina Parot”; el Presidente optó por hacer aquello que la Constitución y la Ley le exige, sustraerse de una suerte de control político imposible de realizar sobre el máximo responsable del poder judicial, lo cual generó un grave enfrentamiento entre el CGPJ y el Congreso de los Diputados.

Además de estos negros capítulos de nuestra justicia, la actual legislatura se ha distinguido por un profundo fracaso legislativo, tal cual es que sendas reformas de la LOPJ tendentes a modernizar la justicia, una de ellas y otra no tanto, como es la que pretendía instaurar la justicia de proximidad y los consejos autonómicos de justicia, no hayan sido ni tan siquiera debatidos en el Congreso, donde reside la soberanía popular.

Lo mismo cabe decir de una importante reforma del Código Penal, que también ha muerto en el Parlamento, a excepción de la reforma en materia de seguridad vial. En el año 2003 se alumbró la mayor reforma de nuestra justicia con la implantación de la nueva oficina judicial, la cual intentaba sacarnos de un modelo de gestión del siglo XIX y transportarnos a un modelo de gestión del siglo XXI; nada se ha hecho.
Durante esta legislatura hemos tenido dos ministros de Justicia, con dos gestiones y talantes claramente diferenciados, si bien con los mismos resultados.

El actual ministro de Justicia se hizo famoso tras tomar posesión del cargo al plantearse como primer reto de su gestión la renovación del CGPJ por lo que él denominaba su absoluta falta de legitimidad; se abrió una polémica que en modo alguno beneficiaba a la imagen del órgano de gobierno de los jueces, puesto que si bien es cierto que los plazos están para ser cumplidos, y en ese sentido el CGPJ debió ser renovado a finales de 2006 o primeros de 2007, no es menos cierto que añadirle a esta razón temporal descalificaciones tales como la falta de legitimación, o justificaciones como los cambios de mayorías parlamentarias, nada ayuda a mejorar la imagen de la justicia frente a la ciudadanía.

La mejor forma de servir a la justicia es trabajando para que preste su servicio en las mejores condiciones y con los mejores medios, y este debate no se ha producido. El debate sobre la Justicia en esta legislatura se ha centrado en términos de poder, y no en términos de servicio. Hemos perdido mucho tiempo debatiendo las competencias del Estado en materia de Justicia y las que son propias de las Comunidades Autónomas, así como se ha puesto mucho énfasis en los justificados elementos que generan diversidad, tales como la lengua vernácula, pero muy poco en fortalecer el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, fortaleciendo al Tribunal Supremo como máximo intérprete de la legislación ordinaria.

Lo que cabe esperar es que gane quien gane en la próxima legislatura se recupere la senda marcada por el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, se abandonen la s políticas partidistas, se dejen a un lado las necesidades concretas de los políticos y sólo se legisle pensando en los ciudadanos; la obligación de los políticos es resolver los problemas a los ciudadanos y no creárselos, alimentando falsos debates que no hacen sino crear crispaciones innecesarias.

En este sentido esperemos que todas las reformas anunciadas por los dos únicos partidos llamados a gobernar España vayan en esa línea, y así cuando se pretenda abrir el debate sobre la forma de selección de jueces y magistrados lo sea con el único fin de fortalecer el sistema y escoger a los mejores jueces y no a aquellos que, por cuestiones políticas, interese más. La justicia en sí misma ni da ni quita votos.

No ayuda a ganar ni a perder elecciones. Por el contrario, utilizarla como un instrumento electoral, como un arena de debates políticos, como arma arrojadiza, a lo único que contribuye es a debilitar las instituciones democráticas, a generar una gran desconfianza entre los ciudadanos y apartarse de los objetivos esenciales por los cuales se existe y se despliega un poder judicial único e independiente.

Lo que cabe esperar es que la siguiente legislatura en materia de justicia sea fructífera y esté animada por el consenso perdida en esta.


* Enrique López es vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Artículo especial para la revista Mas +