Aguirre y Cospedal, no Rajoy, comparecerán en la 'comisión de los espías'

PSOE e IU habían requerido 56 comparecencias, de las que se han negado 13, entre las que también se encuentran la del ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y el tesorero, Luis Bárcenas. Tampoco comparecerán el secretario general técnico de vicepresidencia, Borja Sarasola; el jefe de Policía Local de Las Rozas, Manuel López; el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; el administrador único de Secuenzia Pixels, Fernando Ruano; el accionista de Segurisa, Enrique Sánchez; el ex secretario de Estado, Pedro Antonio Martín; el director general de la función pública, Miguel Ángel López, ni el gerente del 112, Eduardo San Román. Tampoco lo harán el empresario de la plaza de Toros de Las Ventas Fidel San Román, y el tesorero Cristóbal Paez, que había reclamado IU.

   De esta manera, y a falta de que se pronuncie la Mesa de la comisión, podrían comparecer el asesor de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Marcos Peña; el vicepresidente autonómico, Ignacio González, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; el ex consejero y actual responsable de Política Exterior, Alfredo Prada; y la diputada María del Carmen Rodríguez Flores.

   Comparecerán también el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón; el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que fue objeto de seguimientos según lo publicado, y del delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo. En el mismo ámbito, comparecerá el inspector jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, Emilio Monteagudo, y el director de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Durán.

   También podría acudir a la comisión el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter; el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón; el director del área de Seguridad de la misma cartera, Sergio Gamón; y el asesor de la misma Consejería, Marcos Peña, a quien se le imputa desde el principio del escándalo dirigir una unidad de espionaje. Asimismo, se añade el viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfonso Cuenca.

   El ex colaborador de Prada, Juan Carlos Fernández, al que le fue sustraído el ordenador cuatro días después de ser destituido el consejero, también podría comparecer, como también podrían hacerlo la secretaria general técnica de la Consejería de Granados, Mar Pérez Merino; así como el presidente del consejo social de la Universidad Complutense, Carlos Mayor Oreja.

   El PSOE también reclamó que comparecieran el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, y del ex subdirector general de Programas de Seguridad de la Comunidad, Juan Villa.

   El Grupo Parlamentario Socialista ya ha avanzado que quieren que la primera persona que comparezca sea el asesor de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Marcos Peña. Por su parte, IU presentó una lista de 20 personas y ya han avanzado que quieren comenzar con la presidenta, Esperanza Aguirre.

   Por su parte, el portavoz del PP, David Pérez, señaló que la Mesa los ha rechazado por no atender al objeto de la comisión que es esclarecer las posibles responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la presunta trama de espionaje. Asimismo, no desveló cuándo presentarán su lista de comparecientes ya que están dentro del plazo establecido.

Martín sigue al frente



Por su parte, la Mesa de la comisión acordó que el popular Benjamín Martín siga al frente del órgano a pesar de las informaciones que apuntaban a que pudiera estar relacionado con la Operación Gürtel, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

   La oposición había reclamado que dejara la Presidencia y que fuera recusado como miembro del órgano extraordinario, no obstante la reunión de la Mesa de hoy no aprobó la propuesta, hecho que la oposición criticó por falta de "higiene democrática" para la comisión.

   Martín acudió a los tribunales la semana pasada tras afirmar que había recibido una llamada telefónica en la que le reclamaban 50.000 euros, si no quería que le pasara lo mismo que al empresario, Francisco Correa, vinculado a la presunta trama de corrupción de municipios del norte de la región y de la Comunidad Valenciana.

Nueva criba de documentos



Otro de los puntos que abordó la comisión del órgano fue las solicitudes de información. En esta reunión se negaron 4 documentos a PSOE y 3 a IU, a los que tan sólo se aceptó la semana pasada 39 de los 106 que solicitaron entre los dos.

   De la documentación negada por la Mesa de la comisión destaca la negativa a entregar los documentos de la investigación interna del PP al respecto, papeles que aún podrían llegar a entrar en la comisión ya que IU tuvo que reformular su petición y está tramitándose. A este respecto, el portavoz del PP, David Pérez, dijo que se trata de documentación interna y de que la comisión está actualmente suspendida.

   Al PSOE le han negado la relación nominativa de todo el personal cualquiera que sea su relación, administrativa o laboral, relacionado con el ámbito de seguridad de la administración autonómica, el organigrama del gabinete y relación de personal de confianza y libre designación de la Consejería de Granados, los informes y documentación de las actuaciones en materia de seguridad de la misma cartera, y les han limitado la información de las matriculas de los vehículos de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

   A IU les han negado la relación de las personas a las que la Dirección General ha realizado servicios de contravigilancia desde el 1 de julio, el expediente e investigaciones realizados el 26 de diciembre sobre las actuaciones de Gamón en el Campus de la Justicia y las autorizaciones de la misma cartera a efectos de contravigilancia y seguridad o requerimientos para personal de cualquier categoría adscrita a la Consejería.

Ampliación de plazos

   Durante la reunión también se aprobó reclamar a la Mesa de la Asamblea de Madrid habilitar la última semana de febrero y los días de marzo que sea necesario para llevar a cabo los trabajos de la comisión después de que la oposición criticara el escaso número de sesiones que se iban a llevar a cabo si no se habilitaban estas sesiones. Asimismo, se apostó por que los trabajos de la comisión se amplíen hasta el 31 de marzo.

   Otro de los puntos del orden del día era la creación de un registro propio de la comisión al margen del general de la Asamblea para atender todos los documentos relacionados con el objeto de la comisión, que es determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la presunta trama de espionaje, hecho que no fue aceptado.