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La crisis en Honduras, en punto muerto

Los golpistas analizan la 'legalidad' del regreso de Zelaya

Los golpistas analizan la 'legalidad' del regreso de Zelaya

domingo 19 de julio de 2009, 12:05h
El Gobierno 'de facto' de Honduras ha solicitado más tiempo para dar una respuesta definitiva a la propuesta de reconciliación ofrecida por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador en el conflicto político que mantienen el presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, y el gobierno interino de Roberto Micheletti. De hecho, ahora los golpistas están analizando las cuestiones legales que acarrearía el regreso de Zelaya al país y los requisitos que impondrán a su vuelta.
En una comparecencia ante los medios tras la reunión, transmitida por Telesur, Arias tildó de "constructivas" las negociaciones mantenidas por ambas delegaciones en su residencia de San José e indicó que "a petición de Carlos López", que encabeza la comitiva del Gobierno 'de facto', las conversaciones se reanudarán a las 11.00 horas del domingo (19.00 en España).

   Tras la intervención del mandatario costarricense, la jefa de la delegación de Zelaya, Dizzi Moncada, desveló que Arias había establecido como fecha límite para la vuelta del mandatario depuesto a Honduras el próximo viernes 24 de julio.

   Carlos López, por su parte, dijo que la representación enviada por Micheletti a la negociación había "acogido con interés el planteamiento del presidente Arias" y confirmó que, "debido a que hasta el momento no hay acuerdo entre las partes", habían solicitado quince horas más para dar una respuesta definitiva. "Haremos todos los análisis necesarios en la búsqueda de un acuerdo para que Arias pueda dar buenas noticias a todo el mundo mañana (por hoy)", agregó.

El presidente de Costa Rica, el mediador

   El presidente de Costa Rica presentó a ambas delegaciones un documento con siete puntos entre los que destaca la restitución de Zelaya en su cargo, la formación de un Gobierno de unidad nacional y una amnistía general para todos los delitos políticos cometidos "en ocasión de este conflicto, antes y después de los hechos del 28 de junio", fecha en la que el Ejército expulsó a Zelaya del país.

   Además, establece que el mandatario derrocado tiene que "olvidarse del proyecto de la cuarta urna en las próximas elecciones, o realizar cualquier consulta popular no autorizada expresamente en la Constitución de la República de Honduras" --motivo desencadenante del golpe de Estado-- y el adelanto de las elecciones del 29 de noviembre al último domingo del mes de octubre.

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