Si Bárcenas o Merino dimitiesen ahora el Supremo no podría juzgarle

El tesorero del PP podrá participar en la propia investigación del caso Gürtel

> Gracias a su condición de aforado, al igual que el diputado Merino, tendrá ciertas 'ventajas'
> El Gobierno se persona en el caso Gürtel porque la Hacienda Pública podría verse afectada

martes 16 de junio de 2009, 16:49h

La condición de aforados del senador Luis Bárcenas y el diputado nacional Jesús Merino les favorecerá a la hora de preparar su defensa e influir en las diligencias judiciales presentando pruebas y accediendo a la documentación del caso, una ventaja que perderían en el acto si dimitiesen de sus cargos ahora mismo. En cambio, el eurodiputado Gerardo Galeote, que también está siendo investigado por su presunta vinculación a la trama Gürtel, lo tiene 'más complicado' puesto que perderá el acta cuando se hagan efectivos los cambios del recién elegido Europarlamento y todo dependerá de los plazos, no estipulados, en los que el Supremo acepte hacerse cargo de la causa.

Hasta hace unos años, si el Tribunal Supremo admitía a trámite una causa conllevaba automáticamente la petición de un suplicatorio a la Cámara correspondiente para cumplir con la Constitución, que establece que los parlamentarios nacionales no pueden "ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara", y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que el juez o tribunal que encuentre "méritos" para procesar a un senador o diputado se abstendrá de dirigir el procedimiento hasta obtener la correspondiente autorización del Parlamento. Sin embargo, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo en 2002, en tiempo de la mayoría absoluta del PP, abrió la puerta a que los parlamentarios que están siendo investigados por el Tribunal Supremo puedan participar en las diligencias sin necesidad de tramitar un suplicatorio ante la Cámara correspondiente. De este modo, cambió la situación determinando que la admisión de una denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que derive la imputación de un delito deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del parlamentario afectado, el cual tendrá la facultad de "asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella, declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias".

Bárcenas, en la comisión de decisión

El actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, se encuentra en esta situación. No obstante, aunque ya no haga falta el escrito suplicatorio el Senado espera que el Tribunal Supremo remita la petición aunque no en este periodo de sesiones, cuyo último pleno se celebra la semana próxima. De hecho, todavía hay un dato aún más curioso y es que el propio Bárcenas es miembro de la Comisión de Suplicatorios que decidiría sobre la concesión del mismo. Actualmente, la Comisión de Suplicatorios, que preside el 'popular' Juan Fageda, está compuesta por 26 senadores (12 del PP, 10 del PSOE, y uno de cada uno del resto de grupos) y deberá emitir un dictamen en un plazo máximo de treinta días.

Las fuentes consultadas han señalado que no es la primera vez en la historia en que se produce esta coincidencia, que se ha repetido en cuatro suplicatorios anteriores y ha obligado al interesado a inhibirse durante la tramitación. El Senado ha tramitado hasta la actualidad y desde el inicio de la democracia 50 peticiones de suplicatorios y, de ellas, lo ha concedido en 29 ocasiones.

Fuentes jurídicas precisaron además que, en caso de que en este tiempo Bárcenas o Merino dimitiesen de su cargo, el Tribunal Supremo dejaría de ser competente para entender de su implicación en la trama al perder los dos su condición de aforados. Galeote se encuentra en una situación distinta al no haber sido incluido en las listas al Parlamento Europeo, por lo que dejará su acta de eurodiputado cuando se constituya la nueva cámara.

Procedimiento en el Parlamento Europeo

En el Parlamento Europeo, la cámara a la que pertenece Gerardo Galeote, los suplicatorios son transmitidos por el Gobierno a instancias de la autoridad judicial. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara es la encargada de examinar "sin demora y por orden de recepción" los suplicatorios de la Justicia para elaborar un informe argumentando si se debe o no levantar la inmunidad parlamentaria del aforado.

A lo largo de ese examen, la citada comisión del Parlamento Europeo podrá recabar el testimonio del afectado y también podrá pedir cuanta documentación e información precise de la autoridad que suplica el levantamiento de la inmunidad. Al final, llegará a una conclusión sobre el suplicatorio que tendrá que ser votada en el Pleno de la Eurocámara. Si al diputado se le reclama por varios cargos, las decisiones se adoptan separadamente para cada supuesto.

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